Turquía aprueba una ley para liberar a más de 45.000 presos ante la pandemia del coronavirus

El Parlamento de Turquía ha aprobado una ley que permite libertar a miles de presos para descongestionar las prisiones ante la pandemia del coronavirus.  Esta nueva norma deja fuera a periodistas, políticos y otros acusados por cargos de terrorismo; una decisión que ha sido criticada por algunos líderes de la oposición.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía (AKP) y sus aliados del Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco) apoyaron el proyecto de ley, que fue aprobado con 279 votos a favor y 51 en contra, según informó la vicepresidenta del Parlamento, Sureyya Sadi Bilgic.

Turquía liberará temporalmente a alrededor de 45.000 presos y otros 45.000 serán puestos en libertad de forma permanente.  En total, alrededor de 90.000 presos –un tercio de la población carcelaria — abandonarán las cárceles de Turquía durante los próximos meses, en virtud de lo establecido en esta ley. Según los datos a los que ha tenido acceso la organización internacional Human Right Watch, el sistema penitenciario de Turquía tiene capacidad para 235.431 reclusos, aunque en noviembre de 2019 albergaba a más de 286.000 presos.

Esta ley se ha aprobado apenas varias horas después de que el ministro de Justicia, Abdulhamit Gul, informase de que habían muerto al menos tres prisioneros por la pandemia de la COVID-19 y que otros 14 estaban infectados. “Diecisiete convictos en cinco instituciones penales abiertas fueron diagnosticados con COVID-19. Tres convictos perdieron la vida durante el tratamiento”, lamentó Abdulhamit Gul durante una rueda de prensa el lunes.  Asimismo, explicó que 79 funcionarios de prisiones también habían dado positivo, junto con un total de 80 jueces y fiscales, personal judicial y personal de ciencia forense.

Este proyecto de ley ha sido criticado por los principales líderes de la oposición por “excluir a los encarcelados por cargos de terrorismo”. Entre estos prisioneros se encuentran los periodistas y políticos que han sido acusados de estar vinculados a movimientos terroristas, tras el intento de golpe de Estado de 2016.  Desde entonces, el número de presos ha aumentado a casi 300.000, convirtiendo las cárceles de Turquía en la segunda población carcelaria más grande de Europa y en el sistema penitenciario más superpoblado del continente, según los datos publicados por el Consejo de Europa.

Erdal Dogan, un abogado especializado en derechos humanos, alertó en el diario Al-Monitor del riesgo que representaba el virus de la COVID-19 para las prisiones de Turquía. “La ventilación funciona en un sistema de circuito cerrado, reciclando el mismo aire, y hay decenas de miles de funcionarios de prisiones que tienen contacto diario con sus familias, que pueden contaminarse entre sí y contaminar a los presos”, aseguró.

Durante las últimas semanas, varias organizaciones de derechos humanos han pedido al Gobierno turco que libere a los periodistas, activistas, académicos y otras personas que están encarceladas únicamente por sus opiniones políticas.  “La pandemia de COVID-19 tiene el poder de convertir una sentencia de prisión en una sentencia de muerte”, lamentó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los prisioneros que han sido encarcelados por poco más que sus opiniones políticas deberían poder beneficiarse de la ley de liberación anticipada”, aseguró hace unos días.

En este contexto, Ahmed Davutoglu, líder del Partido del Futuro, expresó sus críticas a la ley, a la que considera “un perdón secreto, que beneficiará el soborno, las pandillas y las personas involucradas en crímenes de corrupción, mientras que los opositores políticos y los presos de opinión serán excluidos”, según ha recogido el diario Al-Ain.   A su vez, el líder de la oposición turca, Kemal Kılıçdarıo líder del Partido Popular Republicano, insistió en que “esta ley es injusta, y Erdogan lo sabe bien”. Por su parte, el ex viceministro, jefe del partido opositor Democracia y Progreso, Ali Babacan, confirmó previamente su rechazo a la ley. “Nadie puede perder su derecho básico porque está encarcelado y detenido. Hay dos partidos que están tratando de gestionar el proceso sin escuchar a nadie más en el parlamento turco”, aseguró.