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La Policía venezolana se ha empleado con violencia contra los opositores que marchaban este miércoles hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que se agilice la validación de las 1,8 millones de firmas presentadas por la oposición para pedir un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Durante la marcha el gobernador Henrique Capriles fue alcanzado por gas pimienta lanzado por la policía.
Los uniformados de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon el paso en las rutas que llevan a la sede principal del CNE en Caracas, en uno de cuyos sectores incluso lanzaron algunos gases lacrimógenos, aunque sin mayores incidentes, constataron periodistas de diversos medios.
Los gases alcanzaron al gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, denunció la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La virulencia de la policía frenó el avance de los opositores, tras lo cual policías y militares formaron una barricada que los obligó a volver al punto de partida en Bello Monte.
«El pueblo quiere cambio, sus trampas sólo fortalecen nuestra determinación», expresó Capriles, quien, portando una gran bandera de Venezuela, encabezó la marcha en Caracas.
ÚLTIMO MINUTO: Momento en que retiran a Capriles luego de sufrir un ataque de gas pimienta. Cortesía: NTN24 pic.twitter.com/Nn0usHsDij
La MUD, que controla el Parlamento, acusa al CNE de ser un aliado del gobierno y de usar «tácticas dilatorias» para evitar que el referéndum se realice este año. «El gobierno es tan cobarde que le tiene miedo al pueblo, no permiten que avancemos (…) No queremos mostrar ningún vestigio de violencia, es una marcha por la paz», declaró el jefe de la bancada parlamentaria de la MUD, Julio Borges.
En otros estados, como Zulia (noroeste), los agentes de la GNB también bloquearon las calles para impedir que los manifestantes llegaran a la sede regional del órgano electoral.
Once estaciones del metro fueron cerradas en prevención de incidentes en Caracas, según informaciones de los propios vecinos y la prensa local. En el centro, distante de las marchas de los opositores, otros miles de chavistas marchaban contra una ley de vivienda aprobada por la oposición.
¡No revocarán a la revolución!
La oposición acusa al CNE de ser un aliado del gobierno y de tratar de impedir que el referendo sea este año y haya elecciones. Si se hace después de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial, y Maduro lo perdiera, la Constitución prevé que sea reemplazado por su vicepresidente.
Ante miles de seguidores, vestidos de rojo, en las afueras del Palacio de Miraflores, el mandatario aseguró que la oposición fracasará en su objetivo de sacarlo del poder.
Policías y militares bloquean el acceso al CNE.
«Ninguna de las estrategias anunciadas o activadas por la derecha oligárquica y fascista tiene viabilidad política, ni va a lograr su objetivo de revocar o derrocar la revolución bolivariana», manifestó Maduro, elegido por seis años en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que desde enero es amplia mayoría en el Parlamento, entregó el 3 de mayo 1,8 millones de firmas al organismo electoral para pedir la activación del referendo, aunque la ley exige poco menos de 200.000 (1% del padrón electoral). El lunes venció el plazo para que el CNE contabilizara ese mínimo.
Hasta ahora el ente electoral no se ha pronunciado sobre la revisión de las planillas, hecha con testigos de la oposición y el oficialismo. La oposición le exige continuar con el siguiente paso del proceso y convocar a los firmantes a validar sus rúbricas con la huella dactilar, lo cual debe hacerse en un lapso de cinco días.
Una vez que sean validadas esas firmas, la MUD deberá recolectar otras cuatro millones de rúbricas, en tres días, para que el referendo sea convocado. Para revocar a Maduro el «Sí» debería lograr más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido.
Jorge Rodríguez, expresidente del CNE y titular de la comisión veedora designada por Maduro, acusó el lunes a la oposición de cometer «fraude», pues según él «más del 11% de las planillas» que contienen las firmas «están incompletas».
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