El Gobierno rumano da marcha atrás y abolirá el decreto que suavizaba las penas por corrupción

El primer ministro rumano Sorin Grindeanu (PSD) declaró este sábado que su Gobierno retirará el decreto que promulgó para suavizar la legislación anticorrupción, tras las protestas que ha vivido el país, las mayores desde la caída del comunismo en 1989. «Mañana [por este domingo] vamos a reunirnos para abolir ese decreto», anunció el jefe del Ejecutivo socialdemócrata durante una declaración pública.

Grindeanu, en el poder desde hace sólo un mes, ha visto cómo el país se llenaba de jóvenes exigiendo su dimisión, y ha tenido que rectificar anunciando que lo hacía porque no desea «dividir a Rumanía».

El decreto fue aprobado el martes por el Gobierno sin pasar por el Parlamento y desde entonces una media de 200.000 personas han salido cada día a manifestarse a las calles del país.

Un cambio total en dos días

Hace sólo dos días, el primer ministro se reiteraba en las bondades de su decreto a pesar de las enormes marchas populares, las más importantes en el país desde la caída del comunismo. Interrogado sobre la hipótesis de una anulación del decreto, el primer ministro respondió «no».

«Hemos tomado una decisión en el Gobierno y vamos a avanzar», agregó el primer ministro, tras una de las enormes concentraciones con cientos de miles de personas en todo el territorio. Las protestas tuvieron lugar en Bucarest y en otras 40 localidades del segundo país más pobre de la Unión Europea, reclamando la dimisión del nuevo Gobierno.

Los manifestantes denuncian un decreto que despenaliza varios hechos de corrupción, lo que permitiría a los políticos evitar causas judiciales, y condiciona las condenas con penas de cárcel por abuso de poder únicamente si los montos superan los 44.000 euros.

Grindeanu, que asumió el cargo el 4 de enero, denunció el miércoles por la noche en las redes sociales que estaban «viviendo en épocas en que la manipulación alcanzó un nivel alarmante».

Pero su flamante Gobierno daba ya muestras de fuertes divisiones internas. El ministro de Negocios, Florin Jianu (independiente), presentó su dimisión e invitó a sus colegas a hacer lo mismo. «Esperaba […] que la presión de la calle obligara a los que cometieron este error a repararlo», explicó Jianu en su cuenta de Facebook.

Por su lado, el ministro de Justicia, Florin Iordache, afirmaba que no se hizo nada «en secreto, ilegal o inmoral» sobre el decreto. El Gobierno apuntaba que estaba simplemente armonizando la legislación de acuerdo con la Constitución.

El beneficiario, el líder del partido del Gobierno

Pero los críticos señalan que el principal beneficiado con esta legislación sería el líder del PSD, el partido del Gobierno, Liviu Dragnea, juzgado actualmente por presunto abuso de poder, así como otros responsables de la izquierda.

Dragnea, de 54, ya está inhabilitado por la Justicia que lo condenó el año pasado a dos años de prisión en suspenso por fraude electoral. Su juicio por abuso de poder por un caso de empleos ficticios empezó el martes. Los fiscales estiman que el perjuicio en este caso se eleva a 24.000 euros.