El dictador Maduro da la orden de que tribunales militares juzguen a quien boicotee la Constituyente

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, ha advertido este jueves que quienes intenten «boicotear» las elecciones a la Asamblea Constituyente el próximo 30 de julio serán procesados por tribunales militares y pagarán hasta 10 años de prisión.

Los centros de votación «serán decretados zonas de seguridad», y cualquier delito cometido en el perímetro «será sancionado con la justicia militar y pagarán con cárcel aquellos que pretendan boicotear el proceso electoral», dijo El Aissami, durante un acto con candidatos a la Constituyente.

«Estamos obligados a garantizar la paz, la derecha ha amenazado que el 30 van a cerrar algunos centros», sostuvo el funcionario en alusión a protestas asomadas por la oposición en rechazo a la Constituyente convocada por el dictador bolivariano Nicolás Maduro.

El funcionario alertó que «quien cometa un delito dentro de una zona de seguridad (cuyo perímetro fue ampliado de 200 a 500 metros) recibirá una pena de cárcel de entre cinco y diez años».

Venezuela vive desde hace casi tres meses y medio protestas opositoras que dejan 95 asesinados por las fuerzas de seguridad de la tiranía chavista. Las manifestaciones buscan la salida de Maduro, cuyo gobierno es presionado por la escasez de alimentos y medicinas, la falta de libertades y una inflación que podría llegar a 720% este año, según el FMI.

La oposición convocó para el próximo domingo a un plebiscito con el que espera demostrar un amplio rechazo a la Constituyente, que el gobierno promociona como un «superpoder» con facultades para disolver los poderes, incluido el Parlamento de mayoría opositora.

El oficialismo afirma que la consulta no tendrá carácter vinculante, mientras que desde la oposición, que desconoce a Maduro, se ha concebido como ejercicio de «desobediencia civil».