España
Plan de "regeneración democrática"

Yolanda Díaz exige a Sánchez un «Gran Hermano» para «tutelar» la «calidad informativa» de los medios

Sumar llegó a pedir la expulsión de la carrera de los profesionales que, en su opinión, "manipulen"

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Sumar ya plasma por escrito sus exigencias a Pedro Sánchez de cara a la negociación del autodenominado plan de «regeneración democrática» con el que el Gobierno pretende controlar a los medios críticos. El partido de Yolanda Díaz recoge entre sus aspiraciones la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación que, entre otros cometidos, tendrá el de «tutelar» la «calidad informativa» de la prensa.

Así lo recoge la formación, socia de Pedro Sánchez, en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados. En el documento se avanza que este organismo, de nueva creación, tendrá entre sus funciones «la tutela de la calidad informativa en su vertiente deontológica; la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones institucionales, así como las garantías necesarias para la transparencia sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios y el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación».

El plan de «regeneración democrática» es una de las iniciativas más urgentes para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya negocia con sus aliados parlamentarios. El presidente socialista avanzó las líneas maestras de este plan en una comparecencia en el Congreso, el pasado 17 de julio. En el trasfondo de la conocida como ley mordaza contra la prensa, Sánchez pretende coartar a los medios que revelan informaciones críticas contra él, su Gobierno o su familia, como las que afectan a su mujer, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De hecho, el presidente socialista anunció ese plan tras tomarse los cinco días de «reflexión» sobre su continuidad en La Moncloa, justo después -precisamente- de que Gómez fuese imputada por el juez Juan Carlos Peinado.

Sánchez no ha revelado por el momento las medidas concretas de ese plan, que ampara en la transposición del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.

Ese reglamento, sin embargo, va en sentido contrario a lo que el líder del PSOE pretende, e insta a los Estados europeos a proteger la libertad de información y el trabajo de los periodistas. Durante su comparecencia, Sánchez anunció que se fijarán «nuevos estándares de propiedad, asignación de publicidad institucional y medición de audiencias de los medios privados». De esa forma se conseguirá, a ojos de Sánchez, que «no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores». «Para que no haya gobiernos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes», ha manifestado.

El presidente del Gobierno ha admitido hasta ahora que «va a obligar a actualizar la ley de publicidad institucional», además de endurecer las leyes que regulan el derecho al honor y la rectificación. 

En este contexto, su intención es que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que supervise estas medidas. Un extremo con el que discrepa Yolanda Díaz, para quien esas funciones debería asumirlas el nuevo Consejo Estatal de Medios de Comunicación.

Esas funciones se ampliarán, además, a «la prensa escrita en cualquier soporte». Cabe recordar que el principal objetivo de Sánchez son los que denomina «pseudomedios», en alusión a los digitales que le son incómodos.

El Consejo Estatal tendrá como obligación principal «la protección del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y establecerá las garantías necesarias para el cumplimiento de los principios deontológicos en los medios de comunicación», sin precisar cuáles.

Expulsión de periodistas

Cabe recordar que la figura del Consejo Estatal de Medios de Comunicación no es nueva. Ya estaba incluida en el programa electoral de Sumar para las pasadas elecciones generales. Y con polémica.

Entre las medidas para «proteger» a los periodistas, el partido incluía sanciones graves e incluso la expulsión de la carrera periodística de aquellos profesionales que, en su opinión, «manipulen y desinformen». El Consejo Estatal sería el «órgano regulador, supervisor y sancionador del sector». La medida provocó una amplia polémica y obligó al partido a rectificar, atribuyéndolo a un «error».