Yolanda Díaz exige que los hijos de los inmigrantes ilegales accedan a las becas de estudiantes

El Grupo Parlamentario de Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en el que insta al Gobierno a eliminar las «barreras administrativas» para que los hijos de inmigrantes ilegales puedan acceder a becas, ayudas al estudio y a actividades extracurriculares obligatorias, como el resto del alumnado. Así lo demandan los comunistas al propio Ejecutivo del que forman parte en un texto registrado para su debate y votación en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja.

En concreto, en el texto de la iniciativa emplaza al Gobierno de PSOE-Sumar a «colaborar con las administraciones educativas y de otros ámbitos en la detección de las barreras administrativas que impidan la igualdad de trato de los menores de edad de origen extranjero con progenitores en situación administrativa irregular, en relación al resto de niños y niñas, en el acceso a becas y ayudas al estudio, a actividades extracurriculares obligatorias» y «a formación en prácticas».

De esta manera, los de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, reclaman eliminar cualquier forma de discriminación que se detecte «para colectivos especialmente afectados como los y las estudiantes en situación administrativa irregular». Junto a ello, piden también «garantizar, mediante las modificaciones normativas oportunas, el acceso al certificado del NIE a todos los menores de edad, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores».

Según sostienen desde Sumar en la exposición de motivos, donde citan el informe Crecer sin papeles en España, elaborado por la Fundación porCausa y Save The Children, en 2021 había 147.000 niños y niñas menores de 19 años en situación irregular en España, de los que la mitad tenían menos de 10 años, y unos 55.000 eran menores de 5 años. A estos habría que añadir, indican, los 2.375 menores llegados en 2022 y los 5.151 llegados este pasado 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el grupo parlamentario de Sumar defienden que el proceso para la escolarización de un menor en «situación regular» es «sumamente sencillo» pues «solo» se requiere rellenar un formulario y presentarlo bien telemáticamente o de manera presencial. Sin embargo, señalan que para los menores irregulares no es tan sencillo, ya que «la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) puede impedir su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas y becas», recoge la iniciativa avanzada por la agencia Europa Press.

En este contexto, ponen varios ejemplos de fallo burocráticos como que «no se pueda reclamar la emisión del título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que en algunas comunidades autónomas se impida la matriculación en Bachillerato si no se aporta un NIE, que se dificulte participar en el sistema de educación no obligatoria debido a los requisitos de documentación en la inscripción, o que el menor no pueda completar sus estudios oficiales por no poder realizar las prácticas u otras actividades extracurriculares obligatorias para completar el curso».

Estas situaciones, esgrimen desde Sumar, dificultan a su vez «el pleno desarrollo social del menor, que se ve privado de la participación en excursiones o intercambios educativos por tener restringida su libertad de movimiento». Además, indican que los impedimentos para acceder al sistema de becas y ayudas, incluyendo aquellas relativas a los libros escolares, el acceso a Internet o la educación infantil significan «un lastre para el aprendizaje».