La UCO demuestra que la trama de Cerdán y Leire Díez tenía como fin «proteger los intereses del presidente»

La UCO señala que un elemento «especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de esta unidad de acción y, también, del rol superior ostentado por Santos Cerdán, se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada».

Lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Cerdán, como Secretario de Organización del PSOE, «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,…) de algunos de sus miembros».

En este contexto, actuando bajo la dirección de Santos Cerdán se materializaron pagos procedentes del PSOE, «mediante la emisión de facturación mendaz y, en algunos casos, mediante la interposición de sociedades, con destino, al menos, a Leire Díez -por importe de 22.500 € (IVA no incluido)- e interponiendo hasta dos sociedades con el único fin de encubrir el origen de los fondos».

También se articularon pagos al abogado Jacobo Teijelo Casanova, por importe de 125.000 € (IVA no incluido,  también mediando la participación de Leire Díez y los cuales tendrían como destinatario a un tercero».

Adicionalmente, como contrapartida por los servicios que Leire Díez venía prestando en el marco de la actividad criminal investigada y mediante una decisión que habría sido adoptada por el propio Santos Cerdán, se habría articulado una operativa consistente en «la suscripción instrumental de un contrato de trabajo con la empresa Zaño Sociedad Consultores SL, simulando una relación laboral durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024, habiendo percibido Leire Díez en ese periodo una cantidad líquida en concepto de nóminas por importe total de 16.000 euros».

«En suma, Santos, valiéndose de su posición, habría facilitado la financiación del medio digital Crónica Libre, el cual habría aportado información e instrumentalizado el medio en favor de la actividad investigada», apunta la UCO.

Respecto a que la actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, también señala que dos empleadas del partido, C. S. P. P. y C. R. A. serían las encargadas de gestionar algunas de las necesidades surgidas en cuanto a transportes, desplazamientos o gastos».

Por otra parte, la cobertura económica iría más allá, valiéndose de terceras personas físicas y jurídicas para hacer llegar a los miembros de la organización las cuantías previstas a cambio de las tareas desempeñadas.

Destaca la capacidad de cohecho

Los investigadores afirman que en la actuación desplegadas destaca «la capacidad de cohecho e influencia por parte de la organización. Por un lado, ofreciendo a determinadas personas investigadas la posibilidad de obtener un trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo en el seno de la Administración pública, todo ello a cambio de facilitar información de carácter comprometedora relativa a terceros, especialmente respecto a miembros de la Judicatura, Fiscalía y de la Guardia Civil, encargados de la instrucción de dichas causas que afectaban al partido».

Por otro lado, también se habrían realizado «ofrecimientos de naturaleza económica a determinadas personas con el propósito de que cambiasen sus declaraciones en sede judicial, de manera favorable a los intereses perseguidos, y/o diesen igualmente información comprometedora con respecto a determinadas personas».

En lo que respecta a la actividad anterior, lo que de forma recurrente aflora a lo largo de la presente investigación es que Leire Díez «coordina las actuaciones de los miembros de la supuesta organización, imparte instrucciones, asigna roles o cometidos, pero lo hace supeditada a las decisiones de Santos Cerdán, con el que mantiene una interlocución constante en lo concerniente a los hechos investigados, normalmente materializada a través de reuniones presenciales celebradas en la sede del PSOE».

La UCO también señala que el empresario Javier Pérez Dolset «tendría un papel destacado como fuente de información». No obstante, su labor «no se habría limitado a la obtención de información, sino también a su procesamiento y tratamiento, así como a labores genéricas de apoyo a Leire, como puede ser la facilitación de contactos y/o el acompañamiento y asistencia a varias reuniones clave en la actividad que la organización venía desarrollando».

En este último caso, indica las reuniones mantenidas con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, el empresario Alejandro Hamlyn López Tapia o el fiscal Ignacio Stampa, en los que no sólo habría participado, sino en las que habría tenido un papel activo.

Los imputados

El juez Santiago Pedraz dirige el procedimiento contra Santos Cerdán, Leire Díez, Pérez Dolset, el ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias  y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Igualmente, considera que de los hechos investigados aparece descrita  la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.