Torra desafía la prohibición: multiplica la propaganda separatista en los edificios públicos

Anoche venció el plazo para que el Presidente de la Generalitat, Quim Torra, retirara la simbología golpista en apoyo a los presos independentistas del balcón del edifico de la presidencia de la Generalitat, en la Plaza Sant Jaume.

El jefe del Govern ha optado por desobedecer la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que le dio 48 horas para la retirada de toda la propaganda, pudiendo incurrir en un delito de desobediencia y en otro de prevaricación.

Pero mientras él los mantiene y sus servicios jurídicos estudian cómo burlar esa orden de la JEC, algunos funcionarios de la Asociación de Defensa de las Instituciones Catalanas (ADIC) aprovechan para colgar aún más simbología prohibida, como ha podido comprobar hoy OKDIARIO tras recorrer varios edificios oficiales.

Y es que lejos de lo que obliga la Junta Electoral Central, a raíz de una denuncia de Ciudadanos para garantizar la neutralidad en los edificios públicos en la precampaña y la campaña electoral, hoy las diferentes consejerías así como otros edificios dependientes del gobierno catalán lucían aún más propaganda separatista de lo que es habitual. Edificios de cristal con las ventanas llenas de lazos, lazos y fotos de los presos colgados en el interior de las sedes o grandes pancartas pidiendo democracia en parques de bomberos.

Algunos de los funcionarios públicos agrupados a través de la asociación ADIC, que nació a raíz de la aplicación del 155 para defender el autogobierno de Cataluña, han aprovechado también la prohibición para desplegar más simbología golpista en las distintas sedes y edificios que tiene la Generalitat repartidos por toda Cataluña. Aseguran que les ampara la libertad de expresión y se niegan a quitar esos lazos o pancartas “mientras haya presos políticos” comentaba una funcionaria este jueves por la mañana a una compañera.

Precisamente hoy Ciudadanos ha puesto en conocimiento de la fiscalía en las cuatro provincias catalanas la desobediencia a su resolución por parte del ejecutivo de Quim Torra en la que se le instaba a retirar toda esa propaganda antes de ayer por la noche. Ahora deberá ser el ministerio público quien actúe de oficio presentando una denuncia contra el jefe del ejecutivo, a quién iba dirigida la requisitoria, que inicialmente se tendría que enfrentar a una sanción económica, pese a que también podría acarrear responsabilidades penales como ya le ocurrió a la ex alcaldesa de Berga Montse Venturós de la CUP, ahora inhabilitada, que en las últimas elecciones se negó a retirar una estelada del balcón del ayuntamiento pese a la petición de la Junta Electoral.