El Supremo cree que el Gobierno se resiste a sacar del censo a los falsos ‘nietos’ pero avisa: «Tendrá que hacerlo»

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 16/10/2026 05:45
  • Actualizado: 16/10/2026 05:45

El Tribunal Supremo cree que el Gobierno «no quiere» sacar del censo electoral a los 163.000 nacionalizados por la Ley de Nietos y avisa de que deben cumplir con la suspensión de su voto. «Deben hacerlo sí o sí», señalan tajantes fuentes del Alto Tribunal consultadas por OKDIARIO.

El Ejecutivo ha señalado que es muy complejo sacar a estas personas del censo por el poco margen que hay hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a las dificultades, el Tribunal Supremo no contempla que el Gobierno no cumpla la orden de suspender el voto de los españoles residentes en el extranjero incluidos en el censo por la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados.

«El Gobierno que no diga que no puede cumplirlo cuando lo que no quiere es cumplirlo. Si han nacionalizado a 163.000 personas con sus sistemas informáticos y han generado el problema tienen que poder subsanarlo», señalan desde el Supremo.

Y prosiguen: «Tienen que cumplir sí o sí, si bien la medida cautelar está viva y puede modificarse, no nos anticipamos a que no puedan cumplirlo porque esperamos que lo hagan».

La ministra Elma Saiz criticó duramente la decisión del Supremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno ha dicho que «es de extrema gravedad» el fallo del Supremo porque considera que «restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio». «El derecho a voto se garantiza, no se restringe», dijo Saiz.

Los afectados podrán personarse

Los jueces del Tribunal Supremo han dado un plazo de cinco días para que los afectados por su decisión de retirarlos del censo puedan personarse en el procedimiento.

El Supremo no puede actuar de oficio, tienen que ser las partes las que hagan sus alegaciones y recurran. La Abogacía del Estado no representa a ningún particular y la Fiscalía no lo ha hecho. Sólo los ciudadanos afectados tienen legitimidad jurídica para recurrir la decisión judicial.

El ex juez Baltasar Garzón ya está ofreciendo los servicios jurídicos de su despacho de forma gratuita para que los afectados puedan recurrir la decisión del Supremo. El abogado argentino Matías Bailone se encargará de parte de los afectados.

Si decenas de afectados deciden personarse tendrá que resolverse cada caso, lo que podría provocar un colapso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El Ministerio de Justicia tendrá que dotar al Alto Tribunal de los medios necesarios para poder tramitar cada caso.

Descartan el Constitucional

Los afectados particulares sólo podrán recurrir al Tribunal Constitucional cuando hayan agotado la vía del Supremo. Primero tendrán que poner un incidente de nulidad que tendrá que estudiarse y, si se lo tumban, será entonces cuando puedan acudir a la Corte de Garantías.

Los plazos apremian y no se podrá llegar al Constitucional con rapidez antes del 29 de noviembre, cuando se celebren las elecciones. Por estos motivos, la vía de que el Constitucional pudiera corregir una vez más al Supremo queda, por el momento, descartada.