La socialista Armengol avala por ley que los referéndums de los separatistas contra la Monarquía sean vinculantes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 14/04/2019 18:15
  • Actualizado: 14/04/2019 19:51

La nueva ‘ley de consultas populares y procesos participativos’ aprobada por el Gobierno socialista de Francina Armengol en Baleares, y que este sábado fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), avala la celebración de referendos vinculantes a nivel municipal. La consideración da impulso a las múltiples consultas impulsadas en los últimos días por las entidades separatistas de la región, como Obra Cultural Balear, instando a elegir entre un modelo de Estado basado en la Monarquía o la república.

Estas plataformas, muchas de ellas subvencionadas por la Generalitat catalana y el Govern balear y que predican las tesis del independentismo, convocaron la pasada semana consultas en una docena de municipios, que se saldaron con una escasa participación pero con una opinión mayoritariamente desfavorable a la Monarquía. Estas consultas, insistieron los convocantes, eran simbólicas. Lo lógico teniendo en cuenta que se trata de cambiar el modelo de Estado, una competencia no atribuida. Sin embargo, a partir de ahora, y con la nueva ley, su resultado sí podría plasmarse en algunas decisiones del ámbito municipal relacionadas con el Rey.

Un «instrumento de democracia»

La nueva ley habilita a los municipios a celebrar referéndum de carácter vinculante, justificándolos como un «instrumento de democracia directa para conocer la voluntad de las personas mayores de edad, censadas en un municipio, expresada mediante votación, sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de una especial relevancia para los intereses de la población, a través de un proceso que goce de las garantías del proceso electoral». Sólo hay una excepción expresa, «los asuntos relativos a la hacienda local», que no tendrán cabida. «El resultado de este tipo de consulta, siempre y en todo caso, será vinculante para la autoridad competente», se advierte.

La iniciativa podrá partir de un grupo municipal o de un conjunto de ciudadanos, equivalente al 10% de la población, en los municipios con una población de menos de 5.000 personas o a 2.400 personas más el 1% de la población que exceda de las 100.000, en los municipios con una población de más de 100.000 personas.

Requieren además de la autorización del Gobierno central. Algo que, en las últimas celebradas, no ha sido problema. La Delegación de Gobierno en Baleares dio permiso para su celebración en aras de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». El Ejecutivo socialista consideró que no se apreciaban «elementos previos» que pudiesen «obstaculizar» su celebración, al amparo de la Ley del derecho de reunión.

«Tentaciones contrarias a la ley»

La ley ampara también la celebración de referéndums por parte del Gobierno balear y los Consells, aunque, en este caso, se aclara que el resultado «no será nunca vinculante ni puede ser interpretado como la expresión de la voluntad general de la ciudadanía».

Así, se dispone que «no se pueden hacer consultas ciudadanas en las que se convoquen todas las personas inscritas en el censo electoral» ni se pueden «formular consultas ciudadanas en las que se pida una opinión al grupo de ciudadanos consultados relativa a la posibilidad de reducir, limitar o restringir los derechos y las libertades fundamentales». La ley no ampara en ningún modo la celebración de referéndums ilegales sobre la independencia, aunque sí sobre cuestiones relacionadas, como el apoyo a los presos golpistas o a la causa separatista catalana.

La ley salió adelante con el voto del PSOE y los partidos que lo sostienen, Podemos y MÉS, y el rechazo de PP y Ciudadanos.

En sus enmiendas, descartadas, los ‘populares’ solicitaban que los procesos se limitasen a «materias que sean competencia de la administración que realice la consulta» y «dentro del orden jurídico y constitucional», para «evitar tentaciones contrarias a la Ley y que las consultas y referéndums no sirvan para otros objetivos», dijo el diputado Juan Manuel Lafuente.