La sentencia del Tribunal Supremo sobre Urdangarin se retrasa al menos hasta marzo

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos que decidirá el futuro penitenciario de Iñaki Urdangarin se retrasará al menos hasta el mes de marzo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma condenaba en febrero del pasado año a Urdangarin a 6 años y 3 meses de prisión y absolvía a la infanta Cristina por el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, «la tramitación de los recursos de casación aún no ha terminado, al ser muchos los procesados y estar pendientes aún los escritos de impugnación de algunas de las partes». Aunque el Supremo tiene la intención de dictar sentencia cuanto antes, «lo más probable es que el fallo definitivo sobre el caso Nóos llegue en primavera, entre los meses de marzo y mayo».

Las defensas de los condenados que lo han considerado oportuno presentaban tras la sentencia de la Audiencia de Palma su correspondiente recurso de casación ante el Supremo. Entre ellos, el propio exduque de Palma que se definía en su escrito como un «amigable componedor», y pedía revocar el fallo emitida por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyà.

El Alto Tribunal revisará las diferencias de interpretación jurídica del fallo, pero no los hechos considerados probados en la sentencia de la Audiencia de Palma. De los 17 acusados, sólo 7 fueron condenados y de ellos únicamente 3 con penas de prisión: Iñaki Urdangarin, 6 años y 3 meses; su exsocio Diego Torres, 8 años y 6 meses, y el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, a 3 años y 8 meses

En el caso Nóos, no todos los acusados han recurrido, no obstante, «el proceso es muy farragoso». Los recursos de casación presentados tienen que ser trasladados a los acusados que han decidido no recurrir la sentencia para que presenten sus correspondientes alegaciones. Dichas alegaciones son cruzadas, entre recurrentes y recurridos.

Cuando termine este proceso y los magistrados del Supremo estudien la sentencia de 744 páginas de la Audiencia Provincial de Palma, se tendrá que fijar fecha para las deliberaciones y la vista. Finalmente, se conocerá el fallo y se despejarán las incógnitas sobre el más que probable ingreso de Urdangarin en un centro penitenciario.

Cabe recordar que la Sala Segunda del Supremo ha pasado en los últimos años de estar compuesta por un total de 19 magistrados a tan sólo 12 y los recursos de casación pendientes como el del caso de las ‘tarjetas black’ o ‘Terra Mítica’ se acumulan. Además, uno de los magistrados de la Sala Penal, Pablo Llarena, ha sido liberado del reparto de ponencias para dedicarse en exclusiva a la instrucción del golpismo en Cataluña, tal y como avanzaba este diario.

Este jueves, el pleno del CGPJ elegirá a un nuevo magistrado para la Sala Segunda entre Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona; Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Juan José López Ortega y Vicente Magro Servet, magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid; o Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM.

La Fiscalía pide 10 años para Urdangarin

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentaba en julio su recurso contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma por el caso Nóos. La El Ministerio Público revisaba cada uno de los tipos penales y proponía condenas que en su grado más alto elevarían a 10, los años que Iñaki Urdangarin debería pasar entre rejas, es decir 3 años y 7 meses más de los recogidos en la sentencia.

Por su parte, Urdangarin hacía lo propio y en su escrito se definía como un «mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo» que logró gracias a sus «contactos deportivos e institucionales» que Baleares celebrase foros de Turismo y Deporte y patrocinara «al mejor equipo del mundo de ciclismo».

Según su versión, hizo todo ello «con la conciencia de que todo se hacía correcta y legalmente», echando las culpas a su entonces socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. En el escrito firmado por su letrado Mario Pascual Vives, que desvelaba el diario El Mundo, protestaba ante las «confesiones de los responsables del Gobierno balear» y señalaba que «son básicamente defensivas, tendentes a mejorar su posición procesal, por lo que su credibilidad debe ser considerada como mínima».

En este contexto, apuntaba «fundamentaciones ilógicas, absurdas y que carecen de la solidez y razonabilidad legalmente necesarias» en la sentencia, por lo que concluye que «la versión judicial» del fallo «resulta más improbable que probable».