Sánchez promete crear una oficina para vigilar a los ricos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado hoy su compromiso de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales.

En su discurso de investidura en el pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez también ha abogado por la creación de una oficina nacional de control fiscal de las grandes fortunas.

Asimismo, se ha comprometido a reducir la carga tributaria de las rentas del trabajo, hecho que compensará con otro tipo de rentas y de impuestos medioambientales.

Sánchez ha destacado que Europa va a sancionar «a todos los españoles» por culpa de la rebaja fiscal «electoralista e injusta» que hizo el Gobierno antes de las elecciones, y ha asegurado que de esta forma se pagará dos veces el hecho de que Rajoy antepusiera los intereses de su partido sobre los intereses generales.

Asimismo, ha afirmado que consolidar una recuperación económica sostenible y más justa exigirá la unión de todos, «gobiernos e instituciones, trabajadores y emprendedores, empresas y economía social, científicos y universidades».

También ha subrayado que para ello se requieren tres compromisos, el primero un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y en la mejora de la productividad que permita competir, «no haciendo las cosas más baratas, sino haciéndolas mejor, con más valor añadido».

El segundo compromiso, según Sánchez, es una transición energética que combata «firmemente» el cambio climático, con el objetivo de alcanzar un sistema energético eficiente, innovador y sostenible, para lo que propone un pacto de Estado de la Energía.

Este pacto supondría el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil y no permitir prácticas «lesivas» como el fracking.

El tercer compromiso con una recuperación justa es el fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria, con un cambio «radical» en las orientación de las políticas de reducción del déficit público.

A este respecto, aboga por negociar con Bruselas un nuevo calendario que gradúe el ritmo de reducción, renunciar que el ajuste se haga recortando más los gastos sociales y efectuar una reforma fiscal integral y progresiva que amplíe las bases y que luche «con mayor decisión» contra el fraude.