Rebelión en el Colegio de Abogados de Madrid por la subida de cuotas decidida unilateralmente por el decano

El pasado jueves 17 de octubre tuvo lugar la reunión de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el objetivo de debatir sobre la aplicación del presupuesto, una partida cercana a los 30 millones de euros.

La reunión de la Junta de Gobierno del pasado jueves transcurría con total normalidad, y siguiendo la orden del día establecida de antemano, hasta que en un momento determinado y «de forma sorpresiva y sin preaviso» se puso sobre la mesa una posible subida de las cuotas a los colegiados. Es más, se forzó una votación para decidir sobre esta subida, que afecta a más de 70.000 abogados colegiados en Madrid.

Esta propuesta, motivada por el decano de la institución, José María Alonso, manejaba como único argumento la necesidad de ejecutar proyectos que aportasen beneficios para la abogacía madrileña.

Por su parte, tanto la vicedecana Begoña Castro, así como otros letrados entre los que se encontraban Raúl Ochoa o Juan Gonzalo Ospina, mostraron su enérgico rechazo hacia esta propuesta. Quienes se oponían a la subida de cuotas propusieron la posibilidad de analizar gastos y reducir algunas partidas superfluas en lugar de repercutir la necesidad de ingresos vía cuotas colegiales.

Ante la intensidad de dicho debate, la Junta se vio en la obligación de suspender el acto. Mañana martes se retomará para determinar si, finalmente, se suben las cuotas de colegiación para los abogados ejercientes en Madrid.

Gastos cuestionados

El Colegio de Abogados de Madrid es el colegio profesional más grande de España y cuenta con uno de los presupuestos más abundantes. Da trabajo a más de 200 personas. Sin embargo, en los últimos meses se han cuestionado algunas asignaciones de partidas presupuestarias y a un gran problema de falta de transparencia.

Sin ir mas lejos, explican fuentes del ICAM, hace unos años se perdieron varios millones de euros en el conocido ‘proyecto IBM’, aprobado por la anterior junta de Gobierno de Sonia Gumpert. Este proyecto tecnológico que había sido presupuestado inicialmente por 70.000 €, ha terminado costándole a los abogados madrileños más de 5 millones. Como el proceso se encuentra ahora mismo en los tribunales, el proyecto nunca se ha llegado a implementar.

Proyectos criticados

Analizando el proyecto presupuestario para este 2020, una de las partidas ha sido destinada a una reserva de 70.000 € para el diseño de una aplicación móvil, la cual, a consultas de este diario, ni está definida en su coste final, ni los servicios que la misma podría proveer a los colegiados.

A lo largo de estos últimos años, el ICAM se ha visto envuelto en varias crisis tanto internas como externas: el despido improcedente de varios trabajadores en ‘formación’ durante varios años para evitar una inspección de trabajo, o la contratación por parte de José María Alonso de personas vinculadas a él en su ejercicio profesional, algo que ya ha sido criticado en numerosas ocasiones por distintos diputados de la Junta de Gobierno, que han exigido más transparencia y control sobre la toma de decisiones.