PP, PSOE y C’s asumen que no pueden impedir que los consellers tomen posesión desde la cárcel

Investido Quim Torra como nuevo president, el siguiente paso es la toma de posesión del nuevo gobierno. La intención de Torra, por designio de Puigdemont, es restituir al máximo el Govern anterior al 155, lo que implica que algunos de los próximos consellers sean los que fueron cesados en aplicación del artículo constitucional y se encuentran ahora en prisión, como Josep Rull y Jordi Turull. La Ley de Presidencia, que rige la toma de posesión de los cargos del gobierno catalán, deja efectivamente abierta la posibilidad de que estos puedan asumir sus responsabilidades desde prisión. Así lo contemplan también los partidos constitucionalistas, consultados por OKDIARIO.

Es una opción que disgusta a las formaciones de la oposición, que admiten, sin embargo, que la ley lo permite. Nada impediría así que los eventuales consellers argumenten la Ley de Presidencia para tomar posesión de sus cargos, aunque desde Ciudadanos, matizan, la última palabra correspondería al juez Pablo Llarena,  en tanto se encuentran privados de libertad y, además, ante un procesamiento inminente.

Este mismo martes, el abogado de los dos diputados de JXCat, Jordi Pina, tiene previsto reunirse con sus clientes en la prisión de Estremera para diseñar la estrategia. El primer escenario sería pedir la salida de prisión para participar del acto de posesión, algo que Llarena, opinan los constitucionalistas, rechazará expresamente, como ya hizo cuando solicitaron salir de prisión para recoger el acta como diputado.

La Ley no obliga a que la toma de posesión de los consellers sea presencial

Por eso, el principal temor es que sea el  propio Torra quien se desplace a la cárcel, algo que prevé hacer en los próximos días, para que Turull y Rull tomen posesión en el mismo centro penitenciario.

En el PP consideran que este extremo es posible mientras que los socialistas destacan que, aunque “legalmente es posible, ya que tienen sus derechos políticos» se trataría de algo “políticamente reprochable”.

La Ley no lo impide

El artículo 17 de la Ley de Presidencia de la Generalitat-relativa al ‘nombramiento y cese de los miembros del Gobierno’-sólo establece que «corresponde al presidente o presidenta de la Generalitat acordar el nombramiento y cese de los miembros del Gobierno » que «el nombramiento de los miembros del Gobierno surte efecto a partir de la toma de posesión» y que «el Gobierno queda constituido tras haber tomado posesión del cargo todos sus miembros». Es decir, nada obligaría a que esa toma de posesión fuese presencial, en el Parlament.

Llarena permitió que los encarcelados tomasen posesión de su acta de diputados desde prisión

Lo mismo ocurre en el nombramiento del propio president (artículo 5). «El presidente o presidenta de la Generalidad, tras ser investido por el Parlamento, es nombrado por el rey o reina a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento. 2. El nombramiento del presidente o presidenta de la Generalidad se publica en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y tiene efectos a partir de la toma de posesión, que debe celebrarse en el plazo de cinco días a partir del nombramiento», se dice en la Ley. Ese plazo de cinco días es, por tanto, la única exigencia concreta para la toma de posesión del jefe del ejecutivo catalán.

Esto hace que, desde PP y PSOE admitan que se trata de un escenario complicado, y más aún teniendo en cuenta la extravagancia que hasta ahora ha marcado los planes de los secesionistas.

Solo existe un precedente que podría compararse a la situación actual: la toma de posesión del acta como diputado.

Entonces-enero-Llarena autorizó que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn-los tres dirigentes golpistas que se encontraban en prisión-pudiesen asumir la condición de parlamentarios, habilitando los instrumentos para ello. El juez instó a la Mesa de la Cámara a buscar una fórmula para que pudiesen delegar el voto, con la única prohibición expresa del voto telemático. Eso sí, el magistrado les prohibió acudir a los plenos en el Parlament en tanto siguiesen en prisión.

Los encarcelados, en prisión preventiva, mantienen por ahora intactos sus derechos políticos, y el mismo Reglamento sólo contempla como causas de suspensión de los derechos de representación de un diputado que haya una sentencia firme que imponga pena de prisión o un auto firme de procesamiento.

Una toma de posesión simbólica

Se trataría, en cualquier caso, de una toma de posesión totalmente provisional y más simbólica que otra cosa. Se prevé que la próxima semana, los encarcelados sean procesados, lo que implicaría de inmediato su suspensión para cargo público.

Otra incógnita es qué ocurriría entonces con la aplicación del artículo 155, que, de según el acuerdo del Senado, se levantará cuando tome posesión el nuevo Govern. Algo que, según insinuó el delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, este lunes, podría no ocurrir si Torra insiste en investir a consellers en la cárcel.

El nuevo president manifestó este martes, en su primera entrevista tras la investidura, su malestar por que el Gobierno central organice el acto de su toma de posesión.

«Nosotros queremos un tipo de acto de diferente, íntimo, discreto que marque la pauta de los gestos simbólicos», reveló el dirigente catalán.

En la misma entrevista, Torra confirmó su idea de ofrecer la restitución de todos los cargos cesados por el 155. Entre ellos, también, el mayor de los Mossos, Josep Lluis trapero. Según el president, «si aceptan sería un honor».

Antes de reunirse con sus posibles cargos, Torra se encontrará este martes, en Berlin con Puigdemont para diseñar los nuevos escenarios.

El próximo paso será poner en marcha estructuras como el denominado Consejo de la República, que estará dirigido por Puigdemont desde Alemania. También se activará la asamblea de cargos electos, formada por alcaldes y otros cargos, de ideología independentista.