La abogada del Estado que cercó al novio de Ayuso y defendió la amnistía firma la querella de Sánchez

La querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la firma una abogada del Estado que pidió la amnistía para los independentistas y que se posicionó en contra del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Se trata de Zaida Isabel Fernández Toro y pidió que se alzaran las medidas cautelares contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de investigados en la causa Tsunami. La abogada del Estado también aparece en el registro mercantil como secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública Enisa, una empresa ligada Ministerio de Industria y Turismo que patrocinó actos impulsados por Begoña Gómez, informa Libertad Digital. También ha sido asesora jurídica de Hunosa, otra compañía pública estatal.

La abogada que firma la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado no es la primera vez que interviene en procedimientos judiciales que salpican al PSOE. Uno de ellos fue el pasado mes de junio cuando pidió, a través de la Abogacía del Estado, «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aplicación de la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos separatistas. Fernández Toro exigió de esta forma la aplicación de la amnistía a la malversación y la desobediencia cometida por los líderes del procés. A lo largo de 32 páginas argumentaba que se debía aplicar el perdón a Puigdemont, a los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, y a la líder de ERC, Marta Rovira, porque «la totalidad de los hechos» que encajan en el delito de desobediencia «son incardinables en el supuesto de actividad amnistiable» prevista en el artículo 1.1 de la Ley de Amnistía. El Supremo rechazó que se amnistiara la malversación.

Zaida Isabel Fernández Toro no sólo intentó pedir la amnistía para los socios de Sánchez, también intervino en el procedimiento sobre fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Lo hizo purgando al abogado del Estado, David Vilas. En su lugar se colocó ella rechazando legitimar el acuerdo para dilatar la causa, que interesa políticamente al PSOE, que quiere derrocar a toda costa a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuentes consultadas señalan que el anterior abogado del Estado estaba dispuesto a firmar el pacto en el que el novio de Ayuso se disponía a pagar.

La querella de Pedro Sánchez

En la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Abogacía General del Estado lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito. La abogada defiende en su querella a lo largo de 35 páginas que Pedro Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno. 

«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada […] contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», apunta, en referencia a la testifical de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Y prosigue: «Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada», asevera.

Para la Abogacía del Estado, la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido «prevaricadora» porque en su providencia del 19 de julio «no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito». En este sentido, insiste en que «a día de hoy» desconoce las razones por las que el juez considera que Sánchez, como testigo, «sólo pudo conocer los hechos sobre los que quiere preguntar fuera del ejercicio de su cargo».