Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 44 días: el cese ilegal de Pérez de los Cobos

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 16/10/2026 10:36
  • Actualizado: 16/10/2026 10:36

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió un importante revés judicial por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, apartado de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en mayo de 2020 por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Tres años después, el Tribunal Supremo anuló el cese y desautorizó los argumentos utilizados para justificarlo.

El 25 de mayo de 2020 trascendió la destitución de Pérez de los Cobos, que se produjo mientras la Guardia Civil investigaba, por orden judicial, la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante las manifestaciones del 8M celebradas días antes de que España decretase el estado de alarma por el coronavirus.

Los agentes de la Policía Judicial habían elaborado un informe sobre aquellas concentraciones, dentro de unas diligencias dirigidas por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. La jueza había ordenado expresamente mantener una absoluta reserva sobre las investigaciones.

Sin embargo, los responsables de Interior reclamaron información sobre las actuaciones. Pérez de los Cobos respetó la obligación de confidencialidad impuesta por la autoridad judicial y no facilitó datos que estaba obligado a reservar.

La respuesta del Ministerio

Marlaska justificó inicialmente el relevo como una cuestión de confianza y reorganización de mandos. Pero la propuesta de cese firmada por la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recogía expresamente que la decisión respondía a que el coronel no había informado sobre el desarrollo de investigaciones y actuaciones policiales.

El Supremo anuló la destitución

El 28 de marzo de 2023, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el cese y confirmó la resolución judicial de primera instancia que había considerado ilegal la decisión de Interior.

El Alto Tribunal calificó de «confusa» la motivación del Ministerio y señaló que la exigencia de información era «contraria a la función de la Policía Judicial».

Los magistrados recordaron que los agentes actuaban bajo las órdenes de una jueza y que no resultaba admisible la interferencia gubernativa en unas diligencias sometidas a reserva judicial.

La sentencia también rechazó que bastase con invocar una genérica pérdida de confianza para justificar la destitución de un mando.

Finalmente, en julio de 2023, el Ministerio del Interior tuvo que restituir a Pérez de los Cobos en su puesto.

El caso terminó con una decisión del Ministerio del Interior anulada por el Tribunal Supremo: el coronel había respetado las órdenes judiciales y la razón esgrimida para apartarlo de su cargo no se ajustaba a Derecho.