Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 27 días: más obstáculos para echar a okupas

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 02/11/2026 09:12
  • Actualizado: 02/11/2026 09:12

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado durante sus años en el poder distintas medidas para proteger a los okupas vulnerables, incluso cuando carecen de título legal para residir en un inmueble. Una de las más controvertidas fue la Ley de Vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023 con el respaldo de Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC y EH Bildu.

La normativa introdujo nuevos requisitos para recuperar viviendas okupadas y permitió suspender determinados procedimientos judiciales durante dos meses cuando el propietario fuera una persona física y cuatro cuando se tratara de una persona jurídica, si concurrían situaciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, la protección de los okupas sin título ya había comenzado antes. En diciembre de 2020, durante la pandemia, el Ejecutivo aprobó un decreto que permitía a los jueces paralizar desalojos de personas vulnerables que residieran sin autorización en inmuebles pertenecientes a empresas o propietarios con más de diez viviendas. La medida tenía excepciones, entre ellas las viviendas habituales y segundas residencias de los propietarios, pero fue prorrogada después de finalizar el estado de alarma.

Mientras el Gobierno defendía estas medidas, las denuncias por okupación ilegal aumentaron respecto a 2018. Según el Ministerio del Interior, los hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles pasaron de 12.214 en 2018 a 16.426 en 2024, un incremento del 34,5%. En 2025 descendieron a 14.875, todavía un 21,8% por encima de 2018.

El propio Sánchez defendió en el Congreso, en julio de 2024, que las condenas por okupación ilegal de vivienda habitual habían disminuido respecto a los gobiernos del PP. Sin embargo, el presidente utilizó estadísticas de condenas judiciales, un indicador diferente al de las denuncias registradas por las fuerzas de seguridad.

La polémica sobre las garantías de los propietarios llegó al Tribunal Constitucional. En enero de 2025, el tribunal anuló varios requisitos procesales introducidos por la Ley de Vivienda al considerar que imponían restricciones desproporcionadas al derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia no derogó la ley, pero sí cuestionó jurídicamente algunas de las condiciones establecidas por el Ejecutivo para que los propietarios pudieran acudir a los tribunales a recuperar sus inmuebles.