Un proveedor de la empresa de los test ‘fake’ confirma que el Gobierno pagó un sobreprecio de 6 millones

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 27/04/2020 06:48
  • Actualizado: 27/04/2020 06:48

Algo más de 17 millones de euros. Ésa era la cantidad que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a pagar a Interpharma, la firma española que hizo de intermediaria en la compra de 659.000 test chinos del fabricante Shenzhen Bioeasy Biotechnology . Test cuya calidad era a todas luces insuficiente y resultaron inservibles, y por los que el Gobierno iba a pagar casi el doble de lo que cuestan en el mercado minorista, 26 euros frente a 14, según ha podido saber OKDIARIO a través de un proveedor oficial europeo de la misma marca. Un sobreprecio total de unos 6 millones de euros con impuestos ya descontados.

Cada uno de los 659.000 test para la detección del coronavirus iba a costarle al Gobierno 26 euros. Ya fuesen los de inmunofluorescencia -los primeros que se adquirieron y tuvieron que ser enviados de vuelta- como los de antígenos y anticuerpos por los que se sustituyó a los primeros y que también tuvieron que ser devueltos. Sus niveles de fiabilidad estaban muy por debajo de lo aceptable, rondando el 24% uno de los modelos y el 57% otro,  cuando los protocolos exigen al menos un 70%. El fabricante aseguraba que su sensibilidad estaba en una horquilla de 83-92%. No contaban ni con el visto bueno de la embajada china ni figuraban entre los recomendados por una agencia de la Unión Europea, tal y como desveló OKDIARIO.

El Gobierno firmó la compra con Interpharma, una empresa de productos cosméticos que no tiene licencia para importar productos sanitarios como los tests. Sin embargo, debido a la situación de excepcionalidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó las compras a través de empresas no dedicadas a ello para tratar de paliar la urgente necesidad de material. No sin que el sector advirtiese al Gobierno de los peligros que ello suponía.

Sea como fuere, el Gobierno consignó 17.143.885 euros a la adquisición de esos 659.000 test, tal y como figura en el contrato que por fin se ha hecho público un mes después de la compra:

El precio de cada uno de los test, por tanto, ascendía a 26 euros. Cada caja de 25 unidades, el formato que comercializa Bioeasy, costaba unos 650 euros. Y según ha podido constatar OKDIARIO a través del proveedor europeo T&L Group, con sede en Estonia y que actúa como uno de los suministradores habituales en toda Europa de los productos del laboratorio chino Bioeasey Biotechnology, ese precio está muy por encima del que tienen los test en el mercado.

El precio no cuadra a quienes trabajan con esta marca, ni siquiera teniendo en cuenta que se trata de un momento excepcional, con el sector tensionado y las firmas intermediarias intentando hacer su ‘agosto’ con ventas urgentes.  El precio medio que cada uno de esos test alcanza en el mercado es de 14 euros (16,9 si se le aplica el IVA).

Más caro al por mayor

De hecho, ése es el precio que tiene en el mercado minorista, mucho menos ventajoso económicamente que el que tiene en la compra al por mayor (como la ejecutada por el Gobierno español). En los días en que se produjo la compra, según ha constatado OKDIARIO en conversación con dicho proveedor, el precio de la caja de 25 unidades del test chino de Bioeasy era de 350 euros (y así figura en su web). Sumando el 21% del IVA se queda en 423 euros. Un importe significativamente inferior a los 650 euros presupuestados por el Gobierno para cada caja.

El hecho de que cada test fuese alrededor de 9 euros (impuestos incluidos) más caro por unidad no resulta significativo en cantidades pequeñas. Pero en grandes pedidos como el que realizó España suponen millones de euros de sobreprecio. Concretamente, 6 millones de euros. En suma, las 659.000 unidades de test adquiridas suponen 26.360 cajas de 25 unidades, que el Gobierno iba a pagar a 650 euros. Un total de 17 millones de euros.

Sin embargo, con el precio a minoristas, la suma del lote total de tests alcanzaba un importe de 9,2 millones de euros. T&L Group, en conversación con OKDIARIO, advierte que a ese precio de venta que ofrece habría que sumarle en el caso de España el importe del IVA, un 21%, arrojando un resultado total de 11,1 millones de euros. 6 millones más que la opción escogida por el Gobierno. Este proveedor, que en el momento en que realizó la compra el Gobierno disponía de un stock de decenas de miles de test de Bioeasy, confirman que ni el Gobierno español se puso en contacto con ellos ni viceversa.

Sobreprecio de 6 millones

En definitiva, el sobreprecio que estaba dispuesto a pagar el Gobierno a Interpharma asciende a unos seis millones de euros sobre el precio de mercado con impuestos incluidos. Por la misma cantidad del mismo producto.

El contrato desvelado por el Gobierno no hace mención en ningún momento a gastos de transporte extra o ya incluidos en la partida de 17 millones de euros. Sin embargo, en vista a otros contratos de compra de material sanitario hechos públicos estos días, el Gobierno ha estado pagando algo más de un millón de euros por cada vuelo charter que trae mascarillas, guantes o test de China. El transporte, al menos en muchos de los casos, corre de su cuenta, como figura en el siguiente contrato:

Los mismos test, pero más caros

Desde T&L Group, el proveedor europeo que ya vendía los productos de Bioeasy en toda Europa antes de la crisis sanitaria, confirman que los test adquiridos por el Gobierno español son exactamente los mismos que los que tienen en su catálogo a precio inferior.

De hecho, al buscar la referencia exacta que identifica este modelo de test que ofrece este proveedor estonio, el primer resultado en Google no dirige ni al fabricante ni al propio comerciante, sino a la página del Ministerio de Sanidad español. Concretamente a un documento publicado por el departamento de Illa el pasado 26 de marzo con la ‘declaración de conformidad’ que permite a Bioeasy vender sus productos en territorio de la Unión Europea.

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a devolver todas las partidas de test, defectuosos en su totalidad y a exigir al proveedor Interpharma la devolución de los casi 7 millones de euros que había pagado en concepto de adelanto.

Quedaban por pagar otros 10 millones de euros, que se irían ejecutando conforme se fueran cumpliendo los plazos de entrega. Cabe recordar que, como admitió incluso el propio Gobierno, las empresas chinas no aceptan pagos en diferido: para comprar los test hay que adelantar el importe íntegro que solicita el fabricante. Importe que presumiblemente habría cubierto -en parte o en su totalidad- Interpharma con el adelanto recibido del Gobierno español que ahora ha tenido que devolver.