España
CAOS EN EL CSIC (IX)

El PP pide que Morant explique en el Congreso las irregularidades en el CSIC reveladas por OKDIARIO

El Grupo Popular solicita también la comparecencia de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino

La Intervención destapa que el CSIC tiene un descontrol en el pago de las nóminas de los científicos

El Grupo Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, para que explique en el Pleno las irregularidades detectadas en el CSIC reveladas por OKDIARIO. Se trata de una trama detectada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que revela el presunto fraccionamiento de contratos, pagos indebidos e incluso, adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas a empleados del organismo.

En su escrito registrado ya en el Congreso, el grupo que comanda Miguel Tellado en la Cámara Baja incide en que «la gravedad de los hechos» conocidos hace «imprescindible» la comparencia de Morant en el Pleno. También de la presidenta del organismo público, Eloísa del Pino.

Según el PP, ambas deben dar explicaciones para esclarecer, entre otros asuntos, el fraccionamiento de hasta 342 contratos del CISC para la licitación pública, los pagos indebidos registrados y la opacidad en la gestión de fondos públicos. Todo, tal y como insisten los de Tellado en su escrito, para «evitar que se repitan en el futuro».

La investigación que motiva la petición de ambas comparecencias en el Congreso, surge a raíz de un informe de la IGAE, fechado en noviembre de 2024 y del que se hizo eco este medio, en el que se destacan una serie de graves irregularidades en la gestión de centros dependientes del CSIC.

Irregularidad en los contratos

Una de las irregularidades por las que el Grupo Popular en el Congreso solicita la comparencia de la ministra Morant y de la presidenta del Pino es sobre la detección de al menos 342 casos de presuntos fraccionamientos de contratos del CSIC durante el año 2023. Licitaciones además, en su gran mayoría, vinculadas a la adquisición de material de laboratorio.

Otra de las deficiencias gira en torno a la realización de 15 contratos ilegales con personal del propio CSIC. Se trata en este caso de contratos que vulnerarían la legislación vigente, es decir, que incurrirían en una causa de nulidad según la ley de Contratos del sector Público, al responder a contratos de personas que ya formaban parte de la plantilla.

Pero a la irregularidad de los contratos se suma también el descontrol de las cuentas del organismo público. Según se desprendió del informe del IGAE del que se hizo eco OKDIARIO, el ente científico no contaba «con un sistema de información fiable e individualizado de los gastos e ingresos asociados a proyectos de investigación o contratos», lo que impedía por tanto reflejar «una imagen fiel en las cuentas anuales».

A todo ello se suma que el CSIC habría superado los límites legales en pluses salariales a su personal científico, además de dilapidar más de 800.000 euros en intereses de demora y recargos por retrasos en los pagos. Según un documento firmado por Pablo Arellano, el interventor general del Estado, se habrían detectado numerosos casos en los que el organismo habría superado los «importes máximos» a percibir por el desempeño del puesto de trabajo. También, que tiene pendientes hasta 182 millones por cobrar sin saber con exactitud quién se los tiene que pagar al CSIC.

Desvío de fondos públicos

De la auditoría del IGAE, que destapa las irregularidades del principal organismo público de investigación español, se han revelado que hasta 24 centros mixtos que colaboran con el CSIC operan con convenios caducados desde octubre de 2022.

También, llama la atención la singularidad del desvío de fondos de varias entidades y centros vinculados a este mismo organismo público. Es el caso del Real Jardín Botánico, sito en los Jardines del Buen Retiro de Madrid y que, según el informe, de los 561.549 euros en efectivo que recaudó por la venta de entradas en taquilla en el año 2022, destinó 144.022 euros en metálico a la empresa La Fábrica Gestión Más Cultura SL.

Una entidad, La Fábrica, presidida actualmente por Alberto Luis Fesser, miembro de una familia afín al PSOE, y a quien se le realizó la entrega del dinero «sin existir ningún contrato o acto administrativo que amparara dichas entregas de dinero público».

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”