La Policía recibe orden de no multar en Valencia a los extranjeros que infrinjan las medidas anti-Covid

Los policías de las comisarías de la Comunidad Valenciana han recibido órdenes de la Delegación del Gobierno de no multar a las personas extranjeras que se salten la normativa para evitar la transmisión del coronavirus. Así consta en el documento firmado por el inspector jefe de Seguridad Ciudadana de una de las ciudades de la Comunidad Valenciana: “Siguiendo instrucciones de la Delegación de Gobierno de Valencia, no se tramitarán actas de infracciones identificados con carta de identidad o pasaporte”.

El motivo de esta imposición según las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO es “que no quieren que los policías multemos y que ellos después tengan que enviar las multas a otros países, porque es mucho papeleo”. Pero las mismas fuentes explican que “resulta vergonzoso tener que multar, por ejemplo, a una pareja española que está fumando sin la distancia correspondiente y, al mismo tiempo, si la pareja de al lado es francesa, no poder hacerlo”.

Esta imposición resulta absolutamente discriminatoria para los ciudadanos españoles, que pueden ser sancionados en cualquier parte y cualquier momento, mientras que un turista podría hacer lo que quisiera sin recibir ningún tipo de sanción, por muy incívico que resultase lo que hiciera.

Las fuentes de la Policía consultadas explican que el malestar entre los agentes es más que evidente, pues no creen que sea una “orden justa”. Es más, la llegan a definir como una “orden política” y se preguntan si, desde el Gobierno valenciano, “no lo habrán hecho para evitar perder los pocos turistas que aun vienen, sobre todo, a las zonas costeras de la comunidad”.

Estado de alarma

La Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana envió esta orden a raíz del último estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del un Real Decreto de 24 de octubre. Sin embargo, la Comunidad Valenciana es la única región de España que ha emitido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado una orden como esta. En el resto del país se multa por igual a los infractores, sea cual sea su nacionalidad.

Delegación del Gobierno

La delegación valenciana viene ya envuelta de polémica desde hace unos meses cuando, para sorpresa de propios y extraños, nombraron subdelegado del Gobierno a un imputado por corrupción, Rafael Rubio, que está a punto de ser procesado en el caso Taula.

Rubio está al borde del banquillo, pues ya en septiembre de 2019 la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada por la entonces fiscal general, María José Segarra, apuntaba, en la parte dedicada a la Fiscalía Anticorrupción, que el fiscal del caso Taula, Pablo Ponce, ya había dado por terminada la instrucción de la pieza B del caso, la conocida como pieza de los ‘zombis’, y en la que está imputado Rubio. En cuanto a la citada imputación, el socialista está investigado por, presuntamente, «enchufar» a una asesora en una empresa pública.

El subdelegado del Gobierno fue nombrado el pasado mes de junio por la actual delegada, Gloria Calero, una persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos, actual secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. De hecho, toda la Delegación y Subdelegación del Gobierno son personas más que cercanas a Ábalos, quien actualmente mantiene una más que tirante relación con el presidente de la Generalitat, el también socialista Ximo Puig.