Podemos quiere que los inmigrantes ilegales accedan a su renta de 1.200 €

La última iniciativa registrada por Podemos en el Congreso, y decaída con la convocatoria de elecciones generales, avanza las condiciones que el partido de Pablo Iglesias pondrá a Pedro Sánchez en un futuro acuerdo de gobierno. La iniciativa, que pretende -en sus palabras- «mejorar la garantía de suficiencia de ingresos de la población», incluye una renta mínima de entre 600 y 1.200 euros para toda persona con ingresos reducidos. La formación propone además otras prestaciones añadidas, cuyo coste anual será de 18.000 millones de euros. 

De acuerdo al texto de la propuesta, Podemos plantea una concesión muy flexible de esa renta, pese al importante impacto que supone para las arcas públicas.

Así, ya en su preámbulo, se establece que «los requisitos de edad y residencia deben flexibilizarse respecto de los existentes en los actuales programas» o plantea la «renovación indefinida» mientras se mantengan «las circunstancias que dan derecho a su percepción». El partido establece también que la renta «estará exenta de controles y obligaciones invasivas o humillantes». «No existe evidencia concluyente de que las medidas de activación obligatorias o coercitivas tengan mejores resultados que las voluntarias o incentivadas», añade.

La cuantía de esta renta, dice también, será lo más «generosa» posible y será compatible con otras prestaciones.

Obligaciones mínimas

Las limitaciones para cobrar este sueldo son mínimas. Empezando por las condiciones que se establecen para sus beneficiarios son muy reducidas. Tendrán derecho las personas que carezcan “de rentas o ingresos suficientes” y sean mayores de edad o menores de edad emancipados y no hayan alcanzado la edad de jubilación; que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación, o bien que demuestren un mínimo de tres años de residencia efectiva continuada.

Además, “estos períodos de residencia previa no serán exigibles a las personas víctimas de trata de seres humanos ni a las víctimas de violencia de género”. Tampoco será exigible la acreditación de una unidad de convivencia independiente a las personas «que hayan iniciado un proceso de divorcio o separación legal de hecho».

Para todos ellos la clave será su falta de ingresos. Y para eso “se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la prestación [los mencionados 600 a 1.200 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias individuales]”.

Además, se requiere «estar inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo competente», si bien este requisito no será de aplicación para las personas «que cursen estudios o formación a tiempo completo» o  «quienes se dediquen al cuidado de menores o personas dependientes». El redactado, de nuevo, flexibiliza extraordinariamente la concesión de la renta por ejemplo, en el caso de la población inmigrante.

La prestación «es complementaria» respecto de otras rentas y, aunque obligue a los beneficiarios a estar inscritos como demandantes de empleo, «su percepción no está condicionada a la obligación de participar en actividades de inclusión social o inserción laboral».

Control de las ONG’s

La renta es compatible con las remuneraciones por trabajo y con otras prestaciones de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Será actualizada conforme al IPC y a la evolución del salario medio. Su financiación, se dice también, «debe garantizarse con los impuestos generales». 

La propuesta de los de Pablo Iglesias plantea también que sean las propias ONG’s las encargadas de supervisar su aplicación y hacer propuestas de mejora.

Será a través de lo que denominan ‘Observatorio del sistema de garantía de rentas’, «un organismo independiente -describe el partido- «en cuyos órganos de dirección y asesores estarán presentes, respetando la paridad en términos de género, reconocidos expertos, representantes de otros organismos públicos y representantes de organizaciones sociales no gubernamentales con trayectoria demostrada en el análisis y el seguimiento de la pobreza, la desigualdad social y el sistema de prestaciones públicas».

Este Observatorio, con financiación pública, se encargará de realizar tres informes, con propuestas sobre nuevas rentas, su «integración con el sistema fiscal» o su tramitación que, según Podemos, deberá «minimizar los tiempos de espera», «reducir los trámites burocráticos» y contemplar un «trato mínimamente invasivo en la comprobación de medios e ingresos de los solicitantes».