El PNV se jacta de arrancar a Sánchez un «broche simbólico»: 100 millones extra para el euskera

Para ello, se dice, emplearán «las potencialidades» contempladas en la Disposición Primera de la Constitución, que ampara «los derechos históricos de los territorios forales». El documento reconoce que ambos partidos iniciarán una negociación sobre el «reconocimiento nacional de Euskadi», la salvaguarda de competencias «y un sistema de garantías basado en la bilateralidad».

Además, el texto compromete al Ejecutivo estatal a efectuar los traspasos de las materias pendientes de transferir al País Vasco en los primeros dos años de legislatura.

«Reconocimiento nacional»

En lo relativo al autodenominado «autogobierno», ambas partes destacan que «las aspiraciones de una mayoría de la sociedad vasca, en términos generales, se agrupan en dos grandes ámbitos de forma permanente: garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi».

También apuntan que «la andadura iniciada por la sociedad vasca en el marco institucional y de autogobierno definido por su Estatuto ha constituido una base sólida sobre la que cimentar las aspiraciones y nuevas competencias para el autogobierno».

Así, según las formaciones, es necesario «dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación, encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución». De esta forma, coinciden en que «el autogobierno vasco debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación».

En el texto, se acuerda además la creación de una comisión bilateral «para el seguimiento e impulso de los hitos y acuerdos aquí comprometidos en materia de autogobierno futuro».

Sobre la transferencia de competencias, manifiestan que el Estatuto de Guernica «supuso poner las bases del autogobierno vasco tras la dictadura y ha constituido, sin duda, un instrumento valioso de vertebración para la sociedad vasca y la mejora de su bienestar».

«La apuesta por su aprobación fue un acierto y la sociedad vasca ha avanzado en términos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, tras más de cuatro décadas, sigue habiendo competencias que aún no han sido transferidas a las instituciones vascas, por lo que es necesario abordar este déficit», opinan.

Por ello, se creará una comisión bilateral permanente entre los Gobiernos del Estado y el vasco, que se reunirá cada seis meses de forma presencial con la asistencia del presidente del Gobierno y del lehendakari.

El Gobierno se compromete a impulsar «de manera inmediata una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, comenzando con el cumplimiento de las competencias de Euskadi establecidas en el vigente Estatuto».