La Eurocámara reclama a Sánchez que «dé pasos concretos para esclarecer 379 asesinatos de ETA»

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que dé «pasos concretos» para esclarecer los 379 asesinatos cometidos supuestamente por la organización terrorista ETA que están sin resolver, al mismo tiempo que estudia enviar una delegación de eurodiputados a España por este motivo.

La comisión parlamentaria ha tomado de nuevo la decisión de enviar cartas a las autoridades españolas por este asunto tras escuchar a representantes de la asociación ‘Dignidad y Justicia’, quienes han denunciado el incumplimiento por parte de España del deber de llevar a cabo una investigación oficial, eficaz e independiente.

«Hay un nuevo Gobierno en España y una nueva ministra de Justicia. Por lo tanto, podemos enviar nuevas cartas, reiterar esas misivas y diremos que queremos respuestas más concretas en comparación con las que hemos recibido hasta el momento, y sobre todo que se den pasos concretos», ha manifestado el vicepresidente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, Pál Csáky.

A juicio del eurodiputado húngaro, «no parece que las autoridades españolas estén dedicando a este tema la atención necesaria», por lo que ha defendido que el Parlamento Europeo «presione de tal modo que el Gobierno sepa lo mucho que esperamos de él en este asunto».

Csáky también ha «tomado nota» de la solicitud de enviar a España una delegación de eurodiputados por este asunto. «La vamos a elevar al organismo competente para tomar la decisión, a los coordinadores de esta comisión», ha explicado.

Es la segunda vez en ocho meses que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envía misivas al Gobierno español a causa de los asesinatos de ETA que siguen sin resolver. En el caso anterior, se enviaron en octubre cartas al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia.

En la audiencia de este lunes, la Comisión Europea ha vuelto a subrayar —como ya hiciera en octubre del año pasado— que no tiene competencias para intervenir en la gestión cotidiana del sistema de justicia penal de un Estado miembro.