El Parlament rechaza proteger a los funcionarios ante el referéndum ilegal

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves con los votos de JxSí y la CUP una moción de Cs que instaba al Govern a «garantizar la seguridad jurídica» de los funcionarios ante el referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre.

La iniciativa ha sido muy criticada por JxSí, SíQueEsPot –se ha abstenido– y la CUP, que han acusado a Cs de oportunista y de utilizar a los funcionarios como «herramienta de guerra», generando incertidumbre con el falso pretexto de querer proteger al colectivo.

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha rechazado estas acusaciones y ha dicho que su grupo ha querido llevar al pleno una iniciativa repleta de «obviedades jurídicas, como que la ley ha de cumplirse», para dar seguridad a los funcionarios ante el proceso independentista.

Sergi Sabrià (JxSí) le ha dicho que puede estar muy tranquilo porque el Govern no pondrá en riesgo a ningún funcionario ni empleado público, y ha cargado contra «las amenazas y la presión constante que se ejerce sobre ellos» desde el Estado y los partidos constitucionalistas.

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha dicho que con este tipo de iniciativas lo único que se hace es «meter en un follón a los funcionarios, cuando lo que necesitan es información clara y que se les deje de usar como munición».

Desde las filas de SíQueEsPot, Marc Vidal ha acusado a Cs de hacer trampa generando incertidumbre con la excusa de querer proteger a los funcionarios: «Déjenlos en paz, ellos conocen perfectamente sus obligaciones y no necesitan que les digan todo el día lo que han de hacer».

Otros puntos rechazados

El pleno también ha rechazado otros puntos de la moción que pedían no crear ningún registro de funcionarios por su ideología, garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y reconocer que la actuación de los empleados públicos está supeditada al marco legal vigente.

Tampoco ha prosperado la petición de instar al Govern a «admitir que una ley o norma anulada o suspendida por el Tribunal Constitucional no tiene vigencia ni puede amparar ninguna orden ni actuación administrativa», así como recordar que la Constitución y el Estatut son las fuentes del ordenamiento jurídico.

Sí que se han aprobado tres apartados para reconocer a los servidores públicos y su esfuerzo ante los recortes, cumplir con el mandato de la recuperación de las pagas extras de 2012 al 2014 y establecer un calendario de reuniones de la Mesa General de la Función Pública.

La diputada del PP María José García Cuevas ha avisado de que el TC anulará rápidamente cualquier ley ilegal que intente tramitar el Govern, como la de transitoriedad jurídica, y ha avisado de que situarse al margen del ordenamiento jurídico tiene graves consecuencias: «Los funcionarios deben pedir por escrito las órdenes y denunciarlo al juez».

Alicia Romero (PSC) ha dicho que una moción para defender la ley no sería necesaria en un panorama político normal, pero la realidad actual de Cataluña lo hace oportuno, y ha dicho que es muy sorprendente que no se apruebe, teniendo en cuenta la «enorme incertidumbre» jurídica que conlleva rechazar el cumplimiento de la ley.