Las normas del Tribunal de Cuentas exigen expulsar a la consejera que pide frenar a PP y VOX
La vocal socialista del Tribunal de Cuentas que reclama en su propia institución parar los pies a PP y VOX por querer cambiar las leyes de género está en causa de expulsión y, pese a ello, sigue en su cargo. Su nombre es Enriqueta Chicano y es consejera con responsabilidad directa en la fiscalización de buena parte de los ministerios y organismo públicos.
Por su tribunal pasan las cuentas de los partidos políticos. Y ella ha usado los medios del Tribunal para pedir a las mujeres de este organismo -que tiene la obligación de ser independiente- que abran una caza de brujas a los partidos que desafían la ideología de género. Todo ello mientras el punto 3.1 de la propia normativa del Tribunal de Cuentas exige que “el personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada”.
El Tribunal de Cuentas es el organismo que controla las cuentas de los partidos y organismos públicos. Y allí es donde una de sus principales consejeras, Enriqueta Chicano, propuesta por el PSOE, acaba de lanzar una caza de brujas contra dos de los partidos políticos que este organismo audita por haber osado desafiar las leyes de género. Los dos partidos frente a los que pide no dar “ni un paso atrás” son PP y VOX, tal y como ha publicado OKDIARIO y según el documento al que ha tenido acceso este diario.
Chicano, ligada tradicionalmente a colectivos feministas y aupada por el PSOE, afirma en ese mensaje: “¿Y los hombres? ¿Cómo puede haber un solo hombre que permita que la formación a la que vota se plantee la duda sobre si hay que derogar esa ley? Ni un paso atrás. Que sea algo más que un buen eslogan”.
Las formaciones que piden cambiar esas normas son dos: VOX y PP. Y la consejera -que tiene deber de independencia- no tiene reparos en señalarlos y en pedir al personal femenino del Tribunal de Cuentas que no se quede en “un buen eslogan”.
Pues bien, las normas internas del Tribunal señalan su comportamiento como constitutivo de separación de las funciones de fiscalización por haber perdido la independencia.
El artículo 3.1, destaca en su punto “11. El personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada, sin otra motivación que el interés público, y desempeñará con objetividad e imparcialidad las tareas que le sean encomendadas”. Resulta difícil pensar que tras pedir una cruzada contra dos partidos vaya a ser muy imparcial.
La norma va a más y señala acto seguido que “no podrán participar en la fiscalización de una entidad quienes tengan algún interés personal en la misma” y que “cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo pondrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quien decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador”.
Chicano entró en el Tribunal de Cuentas tras estar ampliamente ligada a la defensa de los colectivos feministas. Ella es en estos momentos la presidenta de la Comisión de Igualdad. Y, además, es la consejera encargada del “Departamento Segundo de Fiscalización: Área Político-Administrativa del Estado”. Este departamento es nada menos que el que “asume la fiscalización de los ministerios (y de sus organismos públicos dependientes) de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Educación, Cultura y Deporte; y Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Es decir, que tiene una función decisiva para realizar las auditorías y controles del comportamiento de los partidos a su paso por el Gobierno de España.
Y Chicano es la misma que ha remitido a todas las mujeres del Tribunal de Cuentas un mensaje en el que reclama abiertamente lanzar una caza de brujas contra el Partido Popular y VOX por haber osado desafiar la ideología de Genero. Hay que recordar que ambos partidos han pactado en Andalucía limitar los postulados radicales de estas leyes impulsadas, entre otros, por los socialistas.
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