El nº 2 de García Ortiz confiesa al juez que informó al entonces fiscal general de la reunión con la cloaca del PSOE

El ex número dos de la Fiscalía General del Estado con Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, ha reconocido este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que puso al corriente al entonces fiscal general de sus reuniones con Leire Díez, presunta cabecilla de las llamadas cloacas del PSOE. La comparecencia, celebrada en la Audiencia Nacional, ha coincidido con la declaración de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien ha admitido conocer y haber hablado a la ex militante socialista desde hace años.

Villafañe, que en la actualidad ejerce como fiscal del Tribunal Supremo, ha comparecido como testigo junto a la fiscal Beatriz López Pesquera. Ambos han sido citados por el instructor para que expliquen los encuentros que mantuvieron en marzo de 2025 con integrantes de la trama investigada.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Villafañe ha reconocido –como desveló en primicia OKDIARIO– que se reunió en dos ocasiones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, también imputado en la causa. Los encuentros tuvieron lugar en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, aunque, de manera llamativa, Leire Díez no figura en el registro de entrada del edificio.

Preguntado por si trasladó el contenido de esas citas a su superior, Villafañe ha relatado que se cruzó ese mismo día con García Ortiz, a quien le contó que se había reunido con «un abogado». Fue entonces cuando el máximo responsable del Ministerio Público les convocó a su despacho para que le pusieran al tanto de lo hablado.

De acuerdo con la versión ofrecida en su día por la propia Fiscalía General, en el primer encuentro Teijelo expuso una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que, a su entender, podrían tener relevancia penal. Días después se produjo el segundo encuentro, en el que el letrado comunicó su intención de presentar varias denuncias relacionadas con esos mismos hechos. En ambas citas estuvo presente Leire Díez, según ha confirmado el propio Ministerio Público.

El teléfono de la fontanera socialista, intervenido por la UCO, arrojó un mensaje enviado al propio Teijelo en el que la investigada aseguraba que tenían «vía libre para ir a ver al FGE», en referencia al fiscal general del Estado. Teijelo, por su parte, declaró ante Pedraz pero evitó explicar el motivo de su presencia en los encuentros amparándose en su derecho al secreto profesional.

La declaración de estos dos fiscales resulta clave para el instructor, que busca determinar si Villafañe se reunió con Díez en la sede de la calle Fortuny por indicación directa de García Ortiz. Al tratarse de una institución jerarquizada, en la que sus miembros se deben a las instrucciones de sus superiores, ese extremo podría complicar el horizonte judicial del ex fiscal general, ya condenado a inhabilitación por el Tribunal Supremo en otra causa.

Narbona ve «indicios»

En paralelo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado ante el mismo juez que existen «indicios preocupantes» sobre la actuación de Leire Díez, aunque al ser repreguntada no ha entrado en más detalle sobre el alcance de esa afirmación.

En todo caso, Narbona ha reconocido conocer a la ex militante desde hace varios años, si bien ha defendido que nunca sospechó que pudiera formar parte de una trama con relevancia penal.

García Ortiz se encontró con Villafañe y López Pesquera a la salida de la reunión que ambos mantuvieron con la llamada fontanera del PSOE, un dato que refuerza la tesis del instructor sobre el conocimiento directo que el entonces fiscal general habría tenido de los contactos.

La causa, instruida por Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga si Leire Díez encabezó una presunta trama orientada a «desestabilizar» procedimientos judiciales que afectan al Gobierno. La intensa ronda de interrogatorios de esta semana no concluye aquí: este jueves está previsto que declaren como imputados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su director adjunto operativo, Manuel Llamas, en una causa que no deja de sumar comparecencias ni de estrechar el cerco sobre la cúpula que rodeó al exfiscal general.

Mientras el instructor sigue tirando del hilo, la pregunta que sobrevuela la Audiencia Nacional ya no es si hubo reuniones —eso nadie lo discute—, sino hasta dónde llegó la cadena de mando que las conoció, autorizó o, cuando menos, toleró.