Moreno sobre Chaves y Griñán: «El PSOE repartió a capricho 680 millones y eso se tiene que pagar»

Juanma Moreno ha lamentado que Andalucía vuelva a ser «noticia» por asuntos relacionados con la corrupción. Así lo ha expresado tras conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.

Para el presidente andaluz, hoy es un día de «tristeza» porque no le gusta que la imagen de la región que ahora gobierna se «vincule con la corrupción».

Sí ha destacado que la resolución le genera un sentimiento «agridulce» porque le produce «cierto alivio» que al final se «haga justicia». «El PSOE repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia y a capricho, y al final eso se tiene que pagar», ha manifestado al respecto.

El objetivo de Juanma Moreno es que parte de los recursos se devuelva a las arcas públicas. Al mismo tiempo, el dirigente andaluz ha dicho en una entrevista recogida por Europa Press que la justicia tiene que ser «más ágil y rápida» a la hora de pronunciarse porque 11 años en resolver sobre este asunto es un «calvario judicial para cualquier persona».

Condena

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes las penas de los dos históricos dirigentes del socialismo español, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Griñán fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y Chaves, a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los dirigentes socialistas contra el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzgó el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia.

Según la sentencia, los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años noventa. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».