España
Aplicará la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155

Moncloa pondrá al delegado del Gobierno al mando de los Mossos si hay referéndum

Moncloa está preparada para asumir el control de los Mossos haciendo uso de la Ley de Seguridad Nacional si, llegado el caso, el presidente catalán, Carles Puigdemont, presiona a la Policía autonómica para ponerse bajo sus órdenes en la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

La mencionada ley capacita al Gobierno para dirigir al cuerpo policial, únicamente mediante la aprobación de un Real Decreto, y alegando que se trata de una situación «de interés para la Seguridad Nacional», como puede ser perfectamente un hecho que vulnere, como es el caso, la Constitución.

Según el articulado, esa situación de interés sería aquella en la que «por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».

La ley de Seguridad Nacional establece que las administraciones deben plegarse a los intereses nacionales, lo que obliga también a las autoridades catalanas

En este sentido, la ley capacita al Gobierno para aprobar, vía decreto, la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional. Esa declaración debe incluir «la definición de la crisis», «el ámbito geográfico del territorio afectado», «la duración y, en su caso, posible prórroga», y «el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan», además de «la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional».

Así, las administraciones deben plegarse a los intereses nacionales, lo que obligaría también a las autoridades catalanas.

La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación», se lee en la ley, que añade que «las diferentes Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes, dispondrán de un sistema de identificación, evaluación y planificación de medios y recursos correspondientes a sus respectivos ámbitos competenciales, para hacer frente a los posibles riesgos o amenazas a la Seguridad Nacional». Esto es, por tanto, las correspondientes policías autonómicas o, en el caso que ocupa, los Mossos d’Esquadra. La ley obliga además al sector privado a «participar en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional».

Tras esa declaración, se añade, «el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional».

La deriva autoritaria y peligrosa de Puigdemont

La posibilidad de tomar el control de los Mossos es «factible», coinciden distintas fuentes. Más aún después del nombramiento, este lunes, de Pere Soler como nuevo responsable de la policía autonómica. La designación de Soler, un independentista convencido, en sustitución de Albert Batlle, ha encendido las alarmas en Moncloa, donde se destaca la «deriva autoritaria» y «peligrosa» de Puigdemont.

El cambio preocupa también a los propios Mossos. Desde distintos sindicatos se ha exigido al nuevo director que no «instrumentalice el cuerpo» y se reitera que el colectivo estará siempre en el respeto al orden constitucional.

En cualquier caso, la posibilidad de que el Estado asuma directamente el control de la Policía autonómica catalana añade seguridad al colectivo en un escenario incierto por las posibles presiones que lleguen del gobierno catalán una vez se apruebe la Ley del Referéndum que contempla la creación de un marco legal «supremo» y al margen de la legalidad española.

Los independentistas prevén aprobar esa ley en lectura única y en trámite exprés, para lo que, la próxima semana, llevarán al pleno, y aprobarán, la reforma del reglamento pactada por Junts pel Sí y la CUP que así lo permite.