Lea aquí el documento completo de la petición de penas de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional destaca los «numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas» que se produjeron entre el asedio a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y el referéndum del 1 de octubre y que generaron un «clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse».

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Así lo afirma la Fiscalía de este tribunal en su escrito de acusación contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, el exdirector de este cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, a quienes imputa un delito de rebelión, que comporta un alzamiento violento.

Aunque en el escrito no se explica expresamente por qué se califica el delito de rebelión y no de sedición -por el que les procesó la jueza Carmen Lamela-, hay referencias a la violencia de lo ocurrido en esos días -concretamente el propio 20 de septiembre- y también a la actitud «hostil» de votantes el 1-O hacia las fuerzas de seguridad.

Según la Fiscalía, el «elemento esencial de la actuación fue la utilización de masas que, con su congregación tumultuaria» posibilitaron la votación el día del referéndum ilegal, «ocupando colegios» y «protegiendo las mesas electorales, urnas y papeletas de la acción de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actuaban por orden de la autoridad legítima».

«Ante la imposibilidad de una negociación que permitiese lograr sus objetivos, los acusados planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como forma de obligar a éste a claudicar y aceptar la declaración de independencia de Cataluña», añade.

Por su parte, en el escrito de acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista, acusados también de rebelión, hay numerosas menciones a la violencia y se afirma que los acusados contemplaban desde 2015 «la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria».

«Valiéndose para ello -afirma el escrito- de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas, instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte el uso de los Mossos d’Esquadra» como un cuerpo policial armado e integrado por 17.000 efectivos «que acataría exclusivamente sus instrucciones».

La Fiscalía del alto tribunal recuerda las advertencias de los Mossos al Govern ante los «escenarios de ineludible violencia» que sucederían en caso de seguir adelante con la celebración del referéndum.

Y en este sentido señala que dada la proximidad del 1-O «ya no bastaba con la desobediencia y la legislación paralela», sino «que era preciso oponerse -con todos los medios a su alcance, incluida la violencia en un caso de extremo-» al cumplimiento de las órdenes judiciales encaminadas a impedir el 1-O y la posterior declaración del independencia.

Respecto a los incidentes del 20 de septiembre y en días posteriores, la Fiscalía del Supremo dice que la operación judicial para desarticular la financiación y logística del referéndum en la que fue registrada la Conselleria de Economía fue interpretada como un ataque contra el «procés».

Debido a ello, «los promotores del proceso decidieron acudir a la movilización ciudadana como elemento de presión, así como a la ejecución de actos de fuerza, de intimidación y de violencia», como los ocurridos el día 20 cuando se congregaron hasta 12.000 personas frente a la Conselleria para protestar por el registro.

Tras los incidentes del 20-S, los nueve jefes de la rebelión encarcelados «llamaron a la ciudadanía a participar en el referéndum siendo conscientes de que se podían producir expresiones violentas» si se intentaba impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales a las fuerza de seguridad del Estado.

Con ello, añade, «fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad» lo que significaba que «desde el poder constituido daban apoyo explícito y expreso» a una estrategia que «comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes violetas y de enfrentamiento».