El juez ordena revisar las penas por malversación a los políticos imputados por el espionaje a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado -de palabra y no mediante un auto- a la Fiscalía Anticorrupción que tenga en cuenta el nuevo delito de malversación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la operación Kitchen del caso Villarejo, el operativo policial montado para robar información sensible al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Según fuentes judiciales, el magistrado ha ordenado al Ministerio Público que revise la acusación que está preparando con respecto a los hechos presuntamente delictivos cometidos por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Serán los primeros políticos que se beneficiarán de la reforma aprobada por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fiscalía Anticorrupción no ha emitido aún el escrito de acusación. Por este motivo, el juez instructor le ha recordado en una comunicación interna que debe revisar el informe y acomodarlo al actual delito de malversación que ha entrado en vigor este jueves, según ha podido saber OKDIARIO.

El pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó la reforma del Código Penal con la que Pedro Sánchez suprime el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación. Con esta reforma, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño, la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.

Esta reforma que fue creada ad hoc para beneficiar a los socios independentistas de Sánchez también afecta a otros grandes casos de corrupción en España entre los que se encuentra la operación Kitchen. En esta trama, desvelada por OKDIARIO, se ha investigado que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015 con el objetivo de robar información sensible que podría afectar al PP. Todo ello, según ha señalado el juez en su auto de procesamiento, con la participación de Jorge Fernández Díaz que abuso de sus funciones con el conocimiento de su ilicitud.

Para ello, pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.

El chófer

La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva (también llamado cocinero, Kitchen, o K2, de ahí el nombre de la operación), quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar.

El DAO, Eugenio Pino, habría encomendado tanto a José Manuel Villarejo omo al comisario Enrique García Castaño conocido como El Gordo, el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Sergio Ríos. Éste realizó una labor de confidente, por la que recibió 2.000 euros netos mensuales durante dos años. En total, el topo cobró 48.000 euros por su papel como infiltrado y fue premiado con el ingreso en la academia de la Policía Nacional y la consiguiente entrega de una plaza en la escala básica.

Ríos, por su parte debía facilitar información que les permitiera sustraer documentación en posesión de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias. Para acceder a esta persona, El Gordo y Villarejo se valieron del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, hombre de confianza de Cospedal al que apodaron Cospedín.