El juez imputa al exdirector de Comunicación de Rodrigo Rato

El juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal ha imputado hoy a Miguel Robledo, exdirector de Comunicación Externa de Bankia con Rodrigo Rato, en el caso en el que investiga el origen de los ingresos y la fortuna del exvicepresidente del Gobierno, tras haberle interrogado esta mañana como testigo, con lo que el número de imputados se eleva a once.

El juez ha tomado declaración a otros ocho testigos de los 16 que ha interrogado entre ayer y hoy, entre los que figuran empleados antiguos y cuatro actuales de Bankia.

Algunos de ellos proceden además de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, que supuestamente pagaron comisiones a un testaferro de Rato, el empresario Alberto Portuondo, por interceder en la adjudicación de la campaña de su salida a Bolsa.

Como hiciera ayer, ha imputado a Miguel Robledo, con lo que el número total se sitúa en once, entre ellos Rato; el abogado Domingo Plazas; la secretaria personal del exministro, Teresa Arellano, y sus presuntos testaferros Miguel Ángel Montero y Portuondo, el único que ha ingresado en prisión.

Ayer comparecieron, entre otros, la exdirectora de Comunicación de la entidad que presidió Rato Pilar Trucios y tres de empleados del banco, así como la apoderada de Terrenos de Alcobendas, empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y gestión y administración de la propiedad inmobiliaria y presidida por el gerente y presunto testaferro Miguel Ángel Montero.

Estos testigos han comparecido después de que el martes lo hiciera el propio ex director gerente del FMI, que quedó en libertad aunque no podrá viajar fuera de la Unión Europea, pues se le ha retirado el pasaporte, y deberá comparecer mensualmente.

Rato insistió después en que es la persona «más interesada» en que se esclarezcan los hechos, por lo que remitirá al juez informes periciales que constaten «de manera fehaciente» que todos los bienes que ha tenido en el extranjero «tienen origen familiar» y han sido declarados «voluntariamente» a la Hacienda pública española.

Además, aseguró que no dispone de otros bienes fuera de España sin declarar y espera que las pruebas que aporte dejen claro también que «todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales» y constan para la Agencia Tributaria.

No obstante, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dice que ignora la procedencia de 6,5 millones de euros, según la documentación que obra en poder del magistrado.

Buena parte del interrogatorio se centró en la contratación por parte de Bankia, en la época de Rato, de las compañías Publicis y Zenith Media para dar a conocer la imagen del nuevo banco y su debut bursátil mediante un concurso competitivo.

El magistrado del caso Rato, que la semana pasada interrogó como imputados a la secretaria personal del exministro, Teresa Arellano, y a Montero, sospecha de que en la concesión de los contratos de publicidad maniobró el empresario Alberto Portuondo, en prisión desde mediados de agosto y que presuntamente cobró dos millones de euros por interceder en la adjudicación.

Posteriormente, Portuondo, a través de Albisa, al parecer había desviado 833.000 euros a la empresa Kradonara, epicentro del entramado societario de Rato, aunque el exministro dijo que esta cantidad corresponde a pagos por trabajos profesionales «con contenido» y documentados adecuadamente.