Villarejo pide quedar en libertad bajo vigilancia domiciliaria y sometido a control telemático

El ex comisario José Villarejo ha pedido salir en libertad provisional, sometido a vigilancia domiciliaria y con una tobillera de control telemático. Tras la decisión de prorrogarle dos años más su estancia en prisión preventiva, ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que la revoque.

La defensa de Villarejo recurre la prórroga de prisión acordada por el juez del caso, Manuel García Castellón, al considerar nula la vista celebrada, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 24 de octubre, porque el  ex comisario había sufrido previamente una crisis de hipertensión.

Según su abogado, Antonio José García Cabrera, ese día se encontraba de baja médica y para poder estar presente en la vista mediante videoconferencia desde la cárcel de Estremera (Madrid), en la que está ingresado desde noviembre de 2017, «se le intentó bajar artificialmente su tensión arterial de forma brusca y en un corto periodo de tiempo».

El letrado afirma que a Villarejo «se le suministraron entre 8 y 10 pastillas sin informarle de qué medicamentos eran pese a preguntarlo insistentemente», cuatro de ellos, «en un espacio inferior a dos horas».

Asimismo, «transcurridos ya más de dos años desde la detención y bastante tiempo más desde el inicio de la investigación no subsiste ya un riesgo de alteración y destrucción de fuentes de prueba de una intensidad tal que impida adoptar alguna medida menos gravosa».

Integridad física y moral

«Por todo ello, por lo acaecido el día 24 de octubre en su conjunto, consideramos que se vulneró su derecho fundamental a la integridad física y moral del interno, y fue sometido a un trato inhumano y degradante», se dice en el escrito de la defensa.

En cuanto al recurso contra el auto por el que el juez García Castellón acordó prorrogar su prisión provisión provisional hasta el límite máximo de los 4 años ante un «evidente» riesgo de fuga, entre otros motivos, la defensa de Villarejo trata de rebatir todos ellos.

Sobre el riesgo de fuga esgrime «su arraigo familiar, social, profesional y económico» y recuerda que cuenta con un domicilio familiar «en el que permanecería caso de ser decretada su libertad, viviendo en él junto a su cónyuge y a su hija de 11 años».

A esta circunstancia añade «la propia edad del investigado», 68 años, «siendo una edad que en el ámbito penal es relevante y que subjetivamente induce a considerar que con ella una persona ‘con una vida ya hecha» no se sustraería a sus obligaciones», teniendo en cuenta además «la necesidad de recibir un tratamiento hospitalario de la enfermedad que padece».

Discrepa también de que haya riesgo de reiteración delictiva si queda en libertad porque la supuesta organización delictiva que Villarejo lideraría y que el juez definió como una «estructura paraestatal», «caso de existir, no podría operar por cuanto toda la estructura empresarial del investigado está intervenida judicialmente».

«Todas las cuentas corrientes están bloqueadas sin posibilidad material de actuación alguna, todos los colaboradores o presuntos intervinientes están sometidos a medidas cautelares» y por tanto ese riesgo «en ningún caso es de tal intensidad y excepcionalidad que no pueda ser conjurado con otras medidas cautelares menos gravosas».