González admite su responsabilidad en la venta de 3.000 pisos públicos por 100 millones menos

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha comparecido este viernes en la segunda sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid donde ha sido citado a declarar para informar de la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA a fondos de inversión.

Las vivienda estaban tasadas en 300 millones de euros pero fueron vendidas por 200, según informa el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quien asegura que con esta operación «han generado un quebranto patrimonial en la Comunidad de Madrid de 100 millones de euros».

Tanto Ciudadanos como el PSOE señalan al ex presidente de la Comunidad de Madrid como máximo responsable de esta operación. Ignacio González ha asumido hoy por primera vez la responsabilidad política última de la venta de las viviendas y aseguró que  «el Gobierno no ha decidido vender viviendas a un fondo de inversión, sino vender patrimonio para conseguir equilibrio presupuestario. Quien se presente al concurso y lo gane es otra cosa».

González ha intentado, en todo momento, huir de las preguntas que tanto el PSOE, como Ciudadanos le formulaban. «Venía con una estrategia muy clara para entorpecer la comisión, la de enrollarse varios minutos con cada respuesta, hablando hasta de la Biblia para no contestar» se queja Encarnación Moya, portavoz del grupo socialista.

A continuación, ha subrayado que la intención de esta venta, al igual que la de otras medidas como la reducción de organismos públicos, fue «obtener ingresos y reducir gastos» para poder cumplir con el objetivo de déficit del Estado.

Por su parte, el líder madrileño de Ciudadanos  ha lamentado que González “haya evitado responder acerca de quién fue el responsable de tomar la decisión de poner a la venta 3000 viviendas protegidas del IVIMA a un fondo de inversión, si el Consejero o el propio González” y añade que “Ignacio González no ha querido asumir la responsabilidad directa de esta venta pública y lo ha achacado a una decisión de su Consejo de Gobierno”.

A la pregunta de por qué se procedió a esta venta, González aseguró que «se necesitaba» para afrontar la deuda y ha subrayado que la intención de esta venta, al igual que la de otras medidas como la reducción de organismos públicos, fue «obtener ingresos y reducir gastos» para poder cumplir con el objetivo de déficit del Estado. Para la portavoz socialista, vender para solucionar deudas puede tener consecuencias ya que según la ley de vivienda de la Comunidad de Madrid, el dinero obtenido por la venta de inmuebles no puede ser utilizado para este fin. En esta misma línea, Ignacio Aguado denuncia que antes de «malvender» estas viviendas, para resolver el problema de la deuda, «se podía haber acudido al FLA, lo que nos habría ahorrado 200 millones de euros, pero nunca contempló esta opción».

Además del ex presidente madrileño, también ha declarado en esta comisión el que fuera consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la CAM, Pablo Cavero, cuya declaración fue en la misma línea de la de González.

Esta comisión, impulsada por Ciudadanos y respaldada por PSOE y Podemos, quiere investigar los casos de corrupción conocidos durante las dos últimas legislaturas. El mes que viene se abrirá una nueva comisión sobre la actuación de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, investigada en el marco de la trama Púnica.