Hacienda ve irregularidades sistemáticas en contratos adjudicados a Acciona y Ferrovial por Transportes

La Audiencia Nacional ha incorporado este miércoles un demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que señala irregularidades graves en la adjudicación y modificación de once contratos de obra pública suscritos por ADIF, ADIF Alta Velocidad y la Dirección General de Carreteras, con un valor que supera los 700 millones de euros.

El documento, fechado el 2 de marzo de 2026 y remitido al Juzgado por el fiscal Luis Pastor seis días después, revela un patrón repetido: los contratos fueron adjudicados mediante criterios subjetivos de valoración que beneficiaron sistemáticamente a la Unión Temporal de Empresas formada por Acciona Construcción y Ferrovial Agroman y, una vez adjudicados, fueron modificados con incrementos siempre situados ligeramente por debajo del umbral legal del 20%.

El informe se integra en el caso Koldo que instruye en al Audiencia el magistrado Ismael Moreno. La IGAE había recibido el encargo del Tribunal Supremo mediante providencia del 23 de septiembre de 2025, que instó a analizar «los diferentes expedientes de contratación, el procedimiento de adjudicación de los contratos y su ejecución, incluyendo las modificaciones que se hayan podido producir en los mismos».

El investigado Koldo García ha interpuesto, a través de su procuradora, recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto que denegaba que se oficiara a la Dirección General de la Guardia Civil para que emitiera un informe de auditoría con el fin de determinar «si hubo o no investigación prospectiva».

Contratos ADIF bajo lupa

El núcleo del informe de la IGAE se centra en cinco contratos adjudicados por ADIF y ADIF Alta Velocidad, tres de ellos a la UTE Acciona-Ferrovial. El caso más detalladamente analizado es el soterramiento de la red ferroviaria de Murcia —tramos Barriomar y Nonduermas—, con un presupuesto de licitación de 239 millones.

El expediente se tramitó con celeridad: el proyecto fue supervisado, aprobado y replantado en apenas cinco días, entre el 18 y el 23 de julio de 2018, y el anuncio de licitación se envió al Diario Oficial de la Unión Europea el 2 de agosto de ese mismo año.

La adjudicación recayó el 24 de mayo de 2019 en la UTE Ferrovial-Acciona por 158 millones, una baja del 33,8%. El criterio decisivo fue el de «juicios de valor», en el que el adjudicatario obtuvo 36,17 puntos sobre 40, frente a los 33,13 del segundo clasificado.

En el informe técnico de valoración de la oferta ganadora se afirmó que «la concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente» y que «la oferta refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto y del terreno».

Sin embargo, en el acto de comprobación del replanteo —el que marca el inicio real de las obras—, la misma UTE adjudicataria formuló hasta 24 reservas que contradecían frontalmente aquellas alabanzas. En la reserva número 10, por ejemplo, advirtió de que «para el período de retorno de 500 años, utilizado habitualmente en esta zona por ser escenario de la denominada gota fría, resulta inundable toda la zona por donde discurre el soterramiento».

La IGAE concluye que esta contradicción entre la oferta y las reservas resulta difícilmente explicable: «En las reservas se hace alusión tanto a temas de falta de disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar la obra, como a defectos del proyecto, lo que supone una contradicción entre la oferta del licitador, la valoración de la misma, o al menos a la importancia que tiene la valoración de este subcriterio en la adjudicación del contrato, y estas reservas del adjudicatario».

Como consecuencia de esas reservas, el contrato fue modificado en marzo de 2021 en 31 millones adicionales, lo que supuso un incremento del 19,72%.

El informe es lapidario: «No se pudo tramitar el modificado y se tuvo que haber resuelto el contrato», pues el importe de las modificaciones no sustanciales superaba los umbrales establecidos en la Ley, y al menos 17,3 millones de euros correspondientes a la descontaminación de suelos de la Estación El Carmen «no eran imprevisibles».

Un segundo contrato cuestionado es el de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, tramo Pulpí-Vera, adjudicado también a la UTE Acciona-Ferrovial por 121 millones. Su modificación número 1, aprobada en julio de 2022, supuso un incremento del 19,93%.

La IGAE observa que varios informes con fechas próximas presentan variaciones llamativas en el desglose por capítulos, lo que lleva al organismo a concluir que «se acordó previamente que el importe de la modificación fuera de algo menos del 20%».

Fórmulas que multiplican diferencias

El informe dedica especial atención al papel de los criterios de adjudicación basados en juicios de valor, tanto en ADIF como en la Dirección General de Carreteras.

En los contratos del Ministerio se han detectado dos fórmulas matemáticas que amplifican artificialmente las diferencias entre licitadores. En una de ellas —introducida a partir de la autovía A-12 Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río— puede casi duplicar la distancia entre puntuaciones originarias.

En el contrato de Sant Feliu de Llobregat, donde la diferencia entre el primero y el segundo clasificado pasó de 1,73 puntos a 3,33 puntos, mientras que frente al tercero se disparó hasta los 6,12 puntos.

La IGAE señala que «no se alcanza a ver qué justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas».

La ductilidad del sistema queda igualmente en evidencia en el contrato del Puente del Centenario en Sevilla —adjudicado a la UTE Acciona, Tecade y Freyssinet por 71 millones—, donde la modificación número 1 supuso un incremento del 19,02% e incluyó la sustitución de acero estructural a un precio de 8,40 euros por kilogramo, cuando la propia base de precios de ADIF sitúa unidades similares «en el entorno de los 5 euros».

Al borde del umbral prohibido

La coincidencia más llamativa que señala el informe es la reiteración casi exacta de los porcentajes de modificación: 19,72%, 19,83%, 19,93%, 19,02% y 19,98%.

La IGAE recuerda que superar el 20% obliga a recabar el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y puede ser causa de resolución del contrato. «La práctica administrativa consistente en que los modificados no superen el 20% tiene su origen en la normativa tradicional de contratación administrativa», señala el texto, que califica este comportamiento de sistemático en todos los contratos examinados adjudicados a Acciona, ya sea con ADIF o con la Dirección General de Carreteras.

En cuanto al contrato de la autovía A-68 Arrúbal-Navarrete (La Rioja), adjudicado por 92 millones a la UTE Acciona-Aquaterra, el informe es igualmente severo: la suma de las modificaciones no sustanciales alcanzó los 7.513.500 euros, cifra que superaba el umbral europeo de aplicación de la directiva, por lo que el modificado «no se debió tramitar».

El expediente sigue su curso en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid. Lo que el informe de la IGAE ha puesto sobre la mesa es una arquitectura contractual tan prolija como sospechosamente generosa en sus resultados: los mismos adjudicatarios, las mismas bajas que luego se recuperan vía modificado, y los mismos porcentajes que se detienen, milimétricos, un suspiro antes del límite que obligaría a explicarlo todo ante el Consejo de Estado. La aritmética, a veces, es la mejor testigo.