El Gobierno se rinde al secesionismo: la sede de la Policía en Barcelona declarada lugar de represión franquista

El Gobierno de Pedro Sánchez ha culminado la declaración de la sede de la Policía Nacional de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática, situada en Vía Laietana. Esta ha sido una de las exigencias históricas del independentismo catalán a la que, finalmente, ha cedido el Ejecutivo socialista tras un largo proceso legal.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha publicado la resolución, fechada en el pasado 13 de julio de 2026, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, «por la que se declara Lugar de Memoria Democrática el Edificio situado en Via Laietana, 43, Barcelona». El proceso comenzó hace un año, en julio de 2025, con la incoación del expediente y ha culminado este viernes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución recoge que el edificio sede del cuerpo en la Ciudad Condal fue «nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura en Cataluña». «Se ha convertido en un símbolo de la represión sistemática llevada a cabo por la dictadura franquista», subraya el documento de Memoria Democrática.

«Por este lugar pasaron disidentes políticos de todo tipo, así como personas injustamente consideradas por el régimen como fuente de peligrosidad social», reza la resolución publicada en el BOE este viernes por el Gobierno. Y concluye esta descripción: «Todos ellos fueron detenidos y torturados por su lucha por la libertad y resistencia ante el fascismo».

En la exposición de motivos señala la evolución histórica del edificio. Pasó a ser Jefatura Provincial de Policía en 1929; posteriormente, fue la Comisaría de Orden Público de la Generalitat de Cataluña. En 1941, el dictador Francisco Franco estableció en ese lugar la sede de la Brigada Político-Social, que, según indica el Ejecutivo, fue «encargada de perseguir a la disidencia política».

La resolución asegura que «desde que se inauguró» fue «epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés», incluso con la Segunda República: «Era conocido en los círculos obreristas como El molino sangriento».

Más concretamente, durante el franquismo, aseguran que se convirtió en un «centro de la represión política franquista» donde se produjeron «todo tipo de torturas en los interrogatorios». Y señalan como víctimas a los antifranquistas, pero también a los miembros de «movimientos sociales, anarquistas y los catalogados como separatistas», así como «personas pertenecientes al Pueblo Gitano, a la comunidad LGTBIQ+, a mujeres acusadas de adulterio, de haber abortado o de ejercer la prostitución». Y cifran a los afectados en «un mínimo de 4.143 personas» detenidas por «actividades políticas».

Sin embargo, el Gobierno admite que la actividad actual «responde a los principios del Estado de Derecho y carece de cualquier vinculación con las prácticas represivas propias del periodo dictatorial».

Sin embargo, consideran necesaria la declaración de memoria porque «constituye un acto de justicia y reparación hacia todas aquellas personas». Todo ello para que los hechos «permanezcan en la memoria colectiva, evitando su olvido y contribuyendo al reconocimiento institucional de las víctimas».

Informes del Gobierno

Durante la tramitación de este expediente, se prepararon varios informes que fueron remitidos al Gobierno para valorar la idoneidad de esta declaración. Uno de esos documentos del Ejecutivo recogía que el «significado memorial» de la sede de la Policía en Barcelona «se asemeja» a la «sede de la Gestapo y de la Oficina Central de Seguridad del Reich».

Así se extrae de los informes que ha encargado el Ejecutivo para argumentar su propuesta para contentar a sus socios secesionistas. Uno de ellos es del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El otro está encargado al Memorial Democràtic de Catalunya, un organismo dependiente de la Generalitat y encabezado por un independentista colocado por el Gobierno de ERC, previo al de Salvador Illa.

Ambos documentos fueron pedidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el 22 julio de 2025. Apenas una semana después, se entregó el primero, el de la Universidad Autónoma de Barcelona.

«En términos memoriales, cabe considerar Via Laietana 43 como uno de los espacios con una mayor huella simbólica de la represión de la dictadura en Barcelona y Cataluña», recoge el informe de la UAB, firmada por Pau Casanellas y Xavier Doménech, hasta 2018 formó parte de Barcelona en Común, la rama barcelonesa de Podemos.