El Gobierno amenaza a los monjes del Valle con medidas legales si se oponen a la exhumación

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos con emprender medidas legales si se oponen a la exhumación de Francisco Franco. En la actualidad, la orden religiosa gestiona este lugar y es competente para facilitar o no el acceso a la tumba del dictador, algo a lo que se opone. El Gobierno avanzó que el viernes aprobará la orden para proceder a la exhumación.

En una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo socialista confirma que «el Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales», así como a la Ley 52/2017, de reforma de la Ley de Memoria Histórica y al Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, que blinda la exhumación.

En concreto, dicho decreto modifica dos preceptos de la Ley de 2007 de Memoria Histórica, impulsada por Rodríguez Zapatero, añadiendo que en el Valle de los Caídos «solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Con ello avala la exhumación de Franco, que no fue un caído en la batalla.

Según el texto de dicho decreto, «la presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de la Ley de Memoria Histórica (de no exaltación del franquismo) y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda». En el mismo, se establece el Valle de los Caídos «como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas».

Sanciones y cierres de recintos

«La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento», se añade.

En sus enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, el Gobierno de Sánchez prevé imponer sanciones, que se pueden traducir en cierres, para los espacios abiertos al público en los que se produzcan episodios de enaltecimiento del franquismo.

En su iniciativa se establecen penas de cárcel de hasta cuatro años a quienes «lesionen la dignidad» de las víctimas.

En su pregunta, el senador Carles Mulet recordaba que el Ejecutivo «puede sustituir del Valle de los Caídos a los benedictinos que impiden la exhumación del genocida Francisco Franco».

«Por ello se pregunta, -¿en qué fecha prevé el Gobierno modificar el convenio de 1958 con la Abadía de Silos mediante Real Decreto? -¿Piensa el Gobierno pedir al Vaticano la sustitución de los benedictinos por otra orden religiosa menos facha?», se planteaba.

En su contestación, el Gobierno admite que «actualmente no existe previsión» respecto a la modificación del convenio o al reemplazo de los monjes, pero sí recuerda que «el Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático».

El procedimiento para sacar a Franco del Valle cuenta con la férrea oposición del prior del recinto, el monje Santiago Cantera, que rechaza la entrada de Gobierno en el templo.

Conocida la postura del prior, el Gobierno afirmó que «esperaba esta actitud» porque «sus antecedentes ideológicos son conocidos públicamente», recordando que «fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por Falange».

«La posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco», dijo entonces el Gobierno. Ahora, admite «instrumentos legales».