El Gobierno ofrece a Junts entregar a Cataluña el control de los interventores de los Ayuntamientos
Utilizarán la Ley de Lobbies para incluir más exigencias de la agenda nacionalista
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue buscando puntos de encuentro con Junts y, de acuerdo con la estrategia diseñada por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intenta seducir a los independentistas sirviéndoles en bandeja varias de sus exigencias, también dentro de la conocida como Ley de Lobbies. Sin embargo, en el departamento de Bolaños temen que el PP, que en los inicios de la tramitación de la futura ley se abstuvo, cambie su posición para boicotear el cortejo del Gobierno a Junts.
El Proyecto de Ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, más conocido como Ley de Lobbies, que regulará la presencia y la actividad de grupos de intereses en nuestro país, es una asignatura pendiente todavía en España. Por ello, el Grupo Socialista, junto con el resto de socios de investidura, presentó una iniciativa legislativa a principios de 2025. Su tramitación se ha ido arrastrando durante todo el pasado año y Junts no ha desperdiciado la ocasión para introducir enmiendas hechas «a su medida», aunque poco tengan que ver con el objeto de la ley.
Entre otras cuestiones, los del partido de Carles Puigdemont han logrado, a través de sus enmiendas, colar a través de la Ley de Lobbies una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para conseguir el control total sobre los funcionarios locales que ahora dependen de la Administración General del Estado, como los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos.
En la misma línea, también han conseguido que se devuelva la potestad de oficiar matrimonios a los jueces de paz y, en definitiva, varias cuestiones que poco tienen que ver con la regulación de los grupos de intereses, pero que el Gobierno entiende que «allana» un posible reencuentro de relaciones entre Junts y el Ejecutivo.
La cuestión es que, en el entorno de Pedro Sánchez, temen que el PP, que hasta ahora había dejado pasar la tramitación sin mayor problema con su abstención inicial y sin rechazos aparentes en los diferentes tramos legislativos, pueda cambiar de posición y bloquear ese nuevo paquete de medidas destinadas a seducir a los de Carles Puigdemont de cara al nuevo periodo de sesiones, puesto que la ausencia del ex ministro José Luis Ábalos ha apretado más si cabe las votaciones en el Pleno del Congreso.
Por este motivo, la Ley de Lobbies, que estaba previsto que fuese aprobada antes de finalizar 2025, está en standby, esperando que los populares ofrezcan si no garantías, por lo menos, alguna señal que desvele sus intenciones últimas y que permita al Ejecutivo tener certezas sobre si van a poder entregar una nueva remesa de concesiones a los independentistas en su voluntad de seguir avanzando en su agenda nacionalista.
En el gabinete del ministro Bolaños, el encargado de buscar bajo las piedras todos aquellos textos y resquicios legales que puedan facilitar el acercamiento entre PSOE y Junts, la Ley de Lobbies está marcada en la agenda para el próximo mes de febrero, cuando se retome la actividad ordinaria en el Parlamento. Pero la fecha definitiva dependerá, en todo caso, de que despejen la incógnita de la actuación del PP.
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