La gerente de la Complutense que avisó de gastos sin control de Begoña: «Me sentí incómoda y sorprendida»
Begoña Gómez adjudicó un contrato de 24.200 euros saltándose los controles
La gerente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid que alertó de que Begoña Gómez se había saltado el procedimiento para dar un contrato a la empresa Making Science admitió ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la cátedra de Gómez que se sintió «incómoda» ante esta situación.
«Me sentí incómoda porque soy la responsable de gestionar esa factura, te encuentras en una situación que no sabes qué hacer con ella porque sabes que el procedimiento no es correcto», reconoció María José Sánchez Rosales en la última sesión de la comisión.
Sánchez Rosales fue la gerente de la Escuela de Gobierno que avisó hace un año que Gómez no había cumplido con el procedimiento para adjudicar un contrato al proveedor Making Science, en el marco del desarrollo de su plataforma para empresas. El importe de esa factura, que ahora se investiga, ascendía a 24.200 euros.
«Me limité a tomar nota y a hacer una memoria justificativa porque lógicamente la empresa tiene que cobrar su servicio… y sabiendo lo que iba a ocurrir posteriormente. No puedo hacer otra cosa, claro que me sorprendió», reconoció.
Según estipulaba el propio convenio de la cátedra, Gómez tendría que haber informado a la gerencia de la Escuela de Gobierno de ese contrato. Sin embargo, no lo hizo y cerró ella misma el expediente. La gerente elevó una queja por esa falta de control: «Este centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la Sección de Asuntos Económicos ni de la Gerencia de la Escuela de Gobierno», sostenía en un escrito. El convenio de la cátedra de Transformación Social Competitiva obligaba a la cátedra a gestionar sus gastos a través de la gerencia.
Sin controles
La mujer de Pedro Sánchez presentó el expediente ya cerrado en el que no se informaba de cómo había seleccionado a la empresa para la adjudicación. La Complutense concluyó que el contrato se había saltado todos los controles y tuvo que articular un procedimiento para que la empresa pudiese cobrar pese a ello por los servicios prestados.
Además de la gerente, la interventora de la Complutense también detectó esa adjudicación totalmente irregular por parte de Begoña Gómez y emitió un escrito en el que criticaba esta forma de actuación, saltándose de forma «absoluta» los procedimientos. La interventora sugirió además que el encargo fue verbal y que Begoña Gómez no solicitó presupuesto a al menos tres empresas, como mandata la ley. El informe concluyó que la esposa de Sánchez había «omitido la fiscalización previa preceptiva de la autorización de los gastos» y «la prestación de dicho servicio fue concertada irregularmente» con «una inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos tanto para la preparación del contrato como para la adjudicación del mismo».
«La contratación en el sector público es de carácter formal, prohibiéndose de forma expresa la verbal, salvo en el supuesto excepcional de la tramitación de emergencia, que no aplica en el presente supuesto», proseguía la interventora, recordando que «la competencia para contratar» en la Universidad la tiene atribuida el rector y delegada en la Gerencia.
Cabe recordar que Begoña Gómez está actualmente imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos dos últimos delitos están relacionados con la plataforma para empresas creada para la Complutense. Gómez registró a su nombre una marca que ofrecía una herramienta idéntica, una circunstancia que centra ahora las investigaciones del juez Juan Carlos Peinado.
Tres empresas -Indra, Telefónica y Google- colaboraron de forma gratuita en el desarrollo inicial de este software, pero no culminaron el proyecto, por lo que Gómez se vio obligada a cargar una serie de gastos a la Complutense, que ascienden a unos 100.000 euros. En una investigación interna, la institución pública emplazó al juez a investigar a Gómez por un posible delito de apropiación indebida.
La mujer del dirigente socialista está citada a declarar el próximo 18 de diciembre. Será su tercera comparecencia ante el juez, aunque en las dos ocasiones anteriores se negó a declarar.
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