Forcadell estará de vacaciones en Etiopía cuando el TC se pronuncie sobre el desafío independentista
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, delegará sus funciones en el vicepresidente primero de la Cámara catalana, Lluís Corominas, del 3 al 12 de agosto, días en los que permanecerá de vacaciones fuera de Cataluña, concretamente en Etiopía.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, en una resolución en la que Forcadell delega en Corominas, del 3 al 12 de agosto, ambos días incluidos, las funciones que le corresponden como presidenta de la Cámara catalana, ya que durante estos días se ausentará de Cataluña.
El Boletín Oficial del Parlament publicó el viernes esta resolución, que tiene fecha del pasado martes 26 de julio, antes de que Forcadell aceptara incluir en el pleno de la Cámara del pasado 27 de julio la votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente.
Precisamente, el Gobierno pidió este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante «el desafío institucional» que entiende el Ejecutivo que se está produciendo en la Cámara catalana.
Junts pel Sí (JxS) y la CUP hicieron valer el pasado miércoles 27 de julio su mayoría absoluta de 72 diputados en el Parlament para aprobar las conclusiones del proceso constituyente, que abren una vía unilateral a la independencia.
Diversas entidades independentistas catalanas se han unido a las reacciones políticas reprochando al Gobierno central que actúe, según ellos, con «amenazas» ante el proceso independentista, una actitud que consideran que «aboca a vías unilaterales» por la imposibilidad de llegar a soluciones «acordadas».
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural (OC) han hecho público un comunicado después de que el Gobierno en funciones pidiera este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobedecer las decisiones del alto tribunal.
«Estas actitudes y comportamientos expulsan las soluciones acordadas y abocan a vías unilaterales», denuncian las entidades, que rechazan «las amenazas de quienes niegan el derecho a decidir».
En esta línea, las organizaciones han criticado «el tono y las amenazas que día a día hace el Gobierno de España y que hoy se vuelven a evidenciar».
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