Dimite Concepción Sáez, vocal del CGPJ designada por IU: «La degradación de la institución es irreversible»

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez ha presentado este miércoles su dimisión ya que estima que su continuidad «es inútil jurídica y políticamente en este escenario radical y puede que irreversible de degradación de la institución», ha señalado en un carta enviada al presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo.

Sáez fue designada vocal del Consejo en el año 2013, a propuesta de IU. La vocal venía absteniéndose desde hace tiempo en las decisiones relevantes, como eran los nombramientos antes incluso de que una reforma legal impidiera al Consejo en funciones realizar esta labor. Los vocales se quedan ahora en sólo 17 (incluido su presidente) tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto. Ninguno ha sido remplazado porque el Congreso de los Diputados concluyó, basándose en un informe de los letrados de la cámara, que no se trataba de casos de cese anticipado, por lo que no cabían las sustituciones previstas en la ley.

Concepción Sáez ha señalado que la decisión de dimitir se ha producido dada «la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que clama por la recuperación de competencias impropias de un consejo en funciones», asegura en una información adelantada por ElDiario.es. Y es que, hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial se sostiene con el mandato caducado desde 2018. La falta de entendimiento entre PSOE y PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha propiciado que muchos de los puestos y salas se hayan ido vaciando sin relevo.

Los populares sostienen que la renovación del CGPJ se debe producir de acuerdo con los estándares europeos, es decir, que sean los propios jueces los que decidan sobre el relevo en el órgano que debe dirigir sus acciones. Mientras que el PSOE pretende asaltar la institución, controlarla como ya ha hecho con el Tribunal Constitucional dando un marcado carácter político a las decisiones de los magistrados.

El presidente del Gobierno dio de plazo hasta el pasado 13 de septiembre para que el órgano de gobierno de los jueces nombrase a los dos magistrados que, unidos a los otros dos que por turno tocaba designar al Ejecutivo, sustituirían al presidente del Constitucional por entonces, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Sin embargo, ocho vocales acordaron aplazar dichos nombramiento y dilatarlos sine die hasta que se llegase a un acuerdo.

Para resolver este escollo, el Gobierno -gracias a sus socios independentistas y proetarras- logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reforma exprés para desbloquear la renovación del Constitucional, devolviendo al CGPJ, aunque estuviese en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos e introdujo después una enmienda para dar de plazo hasta el 13 de septiembre al CGPJ para hacer efectivos sus nombramientos y renovar así el Alto Tribunal.

Asalto al CGPJ

El 8 de diciembre pasado, Sánchez daba un golpe en la línea de flotación de la institución al aprobar, junto a proetarras e independentistas, una reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a sus candidatos al Tribunal Constitucional. Esa enmienda a la proposición de ley que contempla la derogación del delito de sedición, elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.

El movimiento permitiría a Pedro Sánchez una renovación a medida del Tribunal Constitucional de forma exprés con amenaza incluida a los magistrados que forman parte del órgano de los jueces de incurrir en «responsabilidades penales» si lo impedían. Junto a esta enmienda, una segunda establece que el Constitucional podrá validar a los dos candidatos del Gobierno sin esperar a los otros dos del CGPJ. Sánchez se salió con la suya y el Constitucional ya está en manos de Conde Pumpido. Sólo el PP sigue ofreciendo resistencia para evitar que el Gobierno socialcomunista se imponga también en el CGPJ.