Cuatro magistrados del Constitucional acusan al Gobierno de Sánchez de quebrar «el Estado de Derecho»

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 05/10/2023 19:45
  • Actualizado: 06/10/2023 09:27

Cuatro de los once magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC) han alzado su voz contra las maniobras del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez para erosionar la independencia judicial mediante la reforma legislativa que cercena competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando sus miembros están en funciones. Estos cuatro magistrados que componen la minoría del TC no afín al PSOE censuran que los socialistas y sus aliados comunistas e independentistas han traspasado «los límites constitucionales» para «debilitar la independencia del Poder Judicial en su conjunto», lo que supone incumplir «el principio de separación de poderes inherente a nuestro Estado de Derecho». PP y Vox recurrieron esa reforma legislativa ante el TC, que la ha acabado avalando de la mano de los magistrados afines a la izquierda.

Los cuatro que no han secundado esa tesis han optado por emitir un voto particular conjunto en contra de la sentencia que ha declarado constitucional la reforma legislativa que promovió el Ejecutivo y que aprobó en el Parlamento con apoyo de sus habituales socios independentistas. Estos cuatro magistrados del Constitucional han hecho constar su discrepancia con un argumentado voto particular conjunto, en el que se desmarcan por completo de la sentencia aprobada por la mayoría de izquierdas del TC.

Desde que se promulgó dicha reforma, el CGPJ queda despojado de su esencial competencia de nombramientos de jueces y en su potestad disciplinaria cuando dicho órgano tiene a parte de sus miembros en funciones. Es decir, cuando sus magistrados siguen en sus puestos porque el Congreso no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con mayoría suficiente para renovar a los magistrados del CGPJ que periódicamente le corresponde designar al Parlamento.

Reforma del CGPJ a gusto de la izquierda

Esa controvertida reforma fue promovida por el Gobierno de Sánchez al no ser capaz de conseguir la renovación del CGPJ, bloqueada por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Tras llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez se encontró con un órgano de Gobierno de los jueces que no era de su gusto, de su corte político. Y, ante el bloqueo, optó por cambiar las reglas del juego e intervenir en esas dos funciones esenciales que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial.

Esta reforma legislativa llegó hasta el Tribunal Constitucional, ante las gruesas dudas de constitucionalidad que pesaban sobre ella. Pero el TC, dominado actualmente por una mayoría afín a los partidos de Gobierno, ha avalado la maniobra de Pedro Sánchez y sus socios. Eso sí, lo ha hecho con una sentencia que ha dividido a los magistrados del Tribunal Constitucional al punto de llevar a los cuatro de la minoría no afín al PSOE a emitir un voto particular conjunto, en el que, con dureza, insisten en que esa reforma legislativa es inconstitucional y que atenta de lleno contra «el Estado de Derecho».

Los magistrados del TC disconformes

Ese voto particular lo firman Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. La reforma legislativa fue promovida por el Gobierno de Sánchez y ratificada en el Congreso por la coalición socialcomunista en el poder junto a sus socios parlamentarios. Estos cuatro magistrados, en su voto particular, subrayan lo grave que supone este cambio en las reglas del juego del CGPJ, por cuanto –indican– supone que una facción política, desde el Gobierno y desde el Legislativo, entra de lleno en el control de competencias que corresponden en exclusiva al Poder Judicial.

Consideran inaceptable que una parte del arco político cambie esas reglas del juego por no resultar de su agrado las consecuencias que tiene que los propios políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para cumplir con su obligación constitucional de renovar en tiempo y forma el CGPJ. E insisten en que intervenir desde el poder político la capacidad de acción del Consejo General del Poder Judicial supone rebasar los «límites constitucionales» en contra «de la independencia no sólo del juez individual sino de todo el sistema judicial en su conjunto».

Presión política sobre los jueces

En ese voto particular, estos cuatro magistrados del Constitucional indican que la reforma legislativa aprobada por el PSOE y sus socios comunistas e independentistas dañan «sustancialmente las funciones que precisamente justifican la existencia del CGPJ: por un lado, intervenir en la elección y nombramiento de jueces, como elemento necesario para garantizar la independencia de los órganos judiciales; y, por otro lado, intervenir en el ejercicio de la potestad disciplinaria judicial, con la finalidad de evitar que se convierta en ‘instrumento de presión sobre la actividad judicial o de control político’».

Asimismo, estos cuatro magistrados que conforman la minoría del TC no afín al PSOE destacan que, con esa reforma legislativa aprobada por la coalición de Gobierno y por sus socios, «se ha debilitado la independencia del Consejo [General del Poder Judicial] respecto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, contribuyendo así a un debilitamiento de la independencia del Poder Judicial en su conjunto y afectando al principio de separación de poderes inherente a nuestro Estado de Derecho».