El Constitucional cierra la última puerta a los Franco: la exhumación no vulnera sus derechos

Ni procede amparar a la familia, ni tampoco suspender provisionalmente, como ésta pedía, la exhumación de Franco. En un Auto emitido este jueves por la Sección Primera, el Tribunal Constitucional ha acordado -de manera unánime- no admitir el recurso planteado por los nietos del dictador. Los restos saldrán del Valle de los Caídos la próxima semana, tal y como el Gobierno ha anunciado y tras obtener el respaldo judicial del Supremo.

En la resolución que el Tribunal de Garantías ha notificado a las partes, este mismo jueves, se descarta la necesidad de pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas que los Franco instaban, ante la proximidad de la fecha prevista por el Ejecutivo socialista para el traslado de los restos mortuorios desde su actual ubicación hasta el cementerio de El Pardo, donde serán inhumados junto a los de su mujer.

Tras varios intentos por paralizar la actuación del Gobierno -que el Alto Tribunal autorizó en su reciente sentencia, tras avalar los acuerdos ministeriales de 15 de febrero y 15 de marzo- los Franco han agotado, sin éxito, la última instancia de la jurisdicción española. Su destino será, ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La familia Martínez-Bordiú interpuso un Recurso de Amparo contra la decisión del Supremo que habilitaba al Ejecutivo socialista de Sánchez a exhumar los restos de Franco y que, también, respaldó el veto del Gobierno al lugar de reinhumación indicado por la familia -la madrileña catedral de La Almudena- y el plazo concedido a ésta para la designación de un lugar de enterramiento alternativo.

El mero hecho de la interposición del recurso ante el Tribunal de Garantías -y el hecho de que éste lo haya desestimado- es el paso previo que los Franco necesitan, una vez frustradas sus pretensiones en España, para dirigirse a la Justicia europea.

Suspensión fallida

Con esta última actuación, los Franco trataron de suspender la ejecución de la resolución del Supremo que permite al Gobierno actuar sobre la tumba de Franco, en la Basílica del Valle de los Caídos.

Entienden los herederos que con la decisión del Alto Tribunal se vulnera su derecho fundamental a dar «cristiana sepultura» a los restos de su antepasado y se atenta contra el expreso deseo de la familia de que Franco descanse, definitivamente, al lado de su única hija y su yerno, el marqués de Villaverde.

Los Franco han sostenido, en todo momento, que la ejecución de las pretensiones del Gobierno de exhumar el cadáver embalsamado de su abuelo y trasladarlo a un nicho de titularidad pública, en la cripta del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, dependiente del Ministerio de Presidencia, implica la absoluta frustración de sus legítimos derechos y voluntades.