CNAE «respeta» la suspensión de las adjudicaciones de los cursos del carnet por puntos

En la DGT empiezan a colocarse las cosas en su sitio tras las revelaciones de OKDARIO. A la destitución de la número dos, Marta Carrera, tras las grabaciones publicadas por este periódico en las que amañaba presuntamente los concursos con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, y la dimisión de la directora general María Seguí, ha seguido ahora la suspensión de las adjudicaciones de los cursos de recuperación de puntos adjudicados en presunta irregularidad. Ahora, la CNAE dice «respetar» esta decisión, según ha expresado en un comunicado.

La Confederación de Báez ha reiterado en esa nota «su disponibilidad y total colaboración con las instituciones», aunque no dejará de defender sus intereses y los derechos que le asisten «derivados de las sucesivas resoluciones favorables recibidas del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en los últimos tiempos».

A la convocatoria ahora suspendida cautelarmente, cuyos pliegos definitivos se publicaron en marzo de 2015, se presentaron varias ofertas para gestionar los cinco lotes en los que dividió el mapa territorial, a excepción de Cataluña y el País Vasco que tienen su propia convocatoria.

Mientras que la Unión Temporal de Empresas que encabezaba la CNAE ganó tres lotes, la dirigida por Pons Seguridad Vial consiguió uno y la liderada por la UNED otro. Unos y otros recurrieron y el proceso se enmarañó hasta la decisión que este lunes ha tomado el nuevo director general de Tráfico, Cristóbal Cremades.

Tráfico considera «oportuno» suspender el proceso hasta que finalicen las investigaciones en curso para evitar el perjuicio que conllevaría la formalización de los contratos si finalmente se hubieran producido «defectos no subsanables» que determinarían la nulidad de los contratos.

Interior informó esta semana del resultado del informe que ha hecho sobre la posible existencia de irregularidades en esas adjudicaciones, una investigación que remitirá a la oficina de conflicto de intereses del Ministerio de Hacienda, encargada de la instrucción de expedientes sancionadores a los altos cargos de la administración. El organismo dejó claro que Seguí incumplió las reglas de incompatibilidades que regulan los conflictos de intereses de los altos cargos.