El CGPJ abre una investigación tras la filtración de datos personales de la víctima de ‘La Manada’

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha acordado abrir una investigación  para determinar si se ha producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación a la filtración de datos personales de la víctima de ‘La Manada’ tras la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, notificada el pasado 26 de abril. 

El órgano de gobierno de los jueces, reunido en sesión extraordinaria, ha tomado esta decisión tras «tener conocimiento a través de las noticias publicadas en varios medios de comunicación de la filtración de los datos personales de la víctima de los hechos enjuiciados y, más en concreto, del acceso producido vía código seguro de verificación contenido en la resolución».

Las diligencias informativas, que se abren en virtud de las facultades que atribuye al Consejo, como autoridad de control serán tramitadas por la vocal Victoria Cinto con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ.

El Consejo General del Poder Judicial solicita «la colaboración del Departamento de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra en las actuaciones dirigidas a clarificar los hechos y determinar si se ha vulnerado la normativa en materia de protección de datos de carácter personal».

La sentencia del TSJN en 4 meses

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra TSJN dictará su sentencia sobre el caso de ‘La manada’ en un plazo de 4 meses. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pamplona condenaba a los 5 acusados a una pena de 9 años por un delito de abuso sexual durante los sanfermines del 2016 con el voto particular del magistrado Ricardo González, partidario de la absolución.

La Audiencia Provincial de Pamplona recibirá los recursos que presenten las 6 partes personadas en la causa contra la sentencia: el abogado de la víctima, los dos letrados de los 5 acusados, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Gobierno foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Posteriormente, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra iniciará un periodo de tramitación de los recursos que se extenderá “durante un mes y medio o dos meses” aproximadamente.

Después, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que dirige el presidente Joaquín Galve, dispondrá de un plazo aproximado de otros dos meses para resolver dichos recursos y emitir su resolución sobre los hechos probados por Audiencia Provincial. Dada la inactividad de los Juzgados en el mes de agosto, el fallo del TSJN previsiblemente no se conocería hasta septiembre.

La sentencia ha levantado una gran polémica en la opinión pública ya que niega el delito de violación y por tanto, que se hubiera producido violencia o intimidación por parte de los condenados. Los cinco acusados José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo se enfrentaban a penas superiores a los 20 años. Concretamente, la Fiscalía solicitaba 22 años y 10 meses de reclusión; la acusación particular, 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares, 25 años y nueve meses. Por su parte, las defensas pedían su absolución.

Comunicado de la Asociación de Fiscales

Por su parte, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado sobre la sentencia de ‘La Manada’ en el que señala que «las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración en conciencia de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados; esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano, pero las resoluciones judiciales, aunque no se compartan, merecen todo el respeto ya que constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la Democracia».

La Asociación de Fiscales lamenta «la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos, se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor, se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales, y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Sr. Ministro de Justicia».