Carmena sólo ejecutó un 40% de las inversiones previstas en 2018

El equipo de Manuela Carmena no ha llegado a culminar ni la mitad de las inversiones previstas en las cuentas de 2018. Tras el escasísimo 33% de 2017, un año después Ahora Madrid ha aumentado la ejecución pero sin superar lo que ejecutaba el PP.

Mientras que la media de ejecución presupuestaria esta legislatura es del 48,4% (capítulo 6), la media de los Gobiernos ‘populares’ entre 2002 y 2014 fue del 74,1%.

Frente al PP que llegó a ejecutar 1.000 millones en un año, Carmena no ha llegado a los 400

En términos absolutos, antes de la crisis, el PP ejecutaba del orden de 700 millones de euros en inversiones. En alguna ocasión se llegó a los 900 y 1.000 millones con Alberto Ruiz-Gallardón mediante el endeudamiento.

Sin embargo, este mandato la capacidad de gestión de Carmena se ha traducido en una ejecución de entre 231 y 397 millones por año. El peor año fue el 2017, con 231 millones en inversiones ejecutados, un 33% de lo prometido incluyendo las IFS (inversiones financieramente sostenibles) que caducan si no se gestionan en dos años.

En el 2018 también han mejorado las cifras con un gasto directo de varias decenas de millones: el cumplimiento de una sentencia judicial que obliga a expropiar una gran parcela en el distrito de Latina.

Frente a estas cifras oficiales que maneja el Partido Popular, el equipo de Gobierno de Ahora Madrid tira de cocina para mejorar su hoja de servicios. En una nota de prensa oficial juntan los capítulos 6 y 7 y dicen que la ejecución es del «83%». Este porcentaje es tramposo ya que no incluye las IFS y, además, el capítulo 7 son las transferencias de capital a empresas municipales, es decir, simplemente mueven dinero de un sitio a otro sin que conlleve una mejora de las dependencias municipales. Asimismo, la mayor parte de estas transferencias van a una inversión que no supone apenas problemas de gestión, se trata de la compra de autobuses de la EMT.

Todo el dinero que no ejecuta Carmena (aparcamientos disuasorios, centros de mayores, comisarías de policía, escuelas infantiles, etc.) por ley irá a amortización de la deuda. Algo que al comienzo de la legislatura prometieron no hacer ya que, pensaban, era «ilegítima». Ahora aunque sacan pecho en la opinión pública de reducir la deuda, en foros pequeños «piden perdón» porque «reducir la deuda no era el objetivo».