Una asociación de jueces acusa al CGPJ de «plegarse a los dictados» del Gobierno para paralizar los nombramientos

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha rechazado «profundamente» que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya acordado paralizar los nombramientos de cargos judiciales ante las noticias de negociaciones parlamentarias para su renovación y le ha acusado de «plegarse a los dictados» del Gobierno.

Así responde la asociación a la decisión que adoptó el Pleno del CGPJ este martes de retirar del orden del día el debate y votación de cinco nombramientos discrecionales «ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces», cuyo mandato venció hace más de año y medio.

FJI considera que el órgano de gobierno de los jueces ha «recogido el guante» del Gobierno, tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en la que aseguró que la institución presidida por Carlos Lesmes no debía hacer nombramientos antes de ser renovado.

En un comunicado, la asociación afirma que las palabras del ministro son «criticables» porque conoce que la Ley Orgánica del Poder Judicia y los Reglamentos al respecto, pero que el CGPJ «se pliegue a los dictados del Ejecutivo, es algo que simplemente no debería suceder».

No es la primera vez

En este sentido, apunta que no es la primera vez que ocurre, pues ya el 16 de enero, el CGPJ tomó una decisión similar, a propuesta de Lesmes, para «paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución» y que este acuerdo nunca se publicó, pese a que la asociación lo solicitó en varias ocasiones, por lo que no se conoce el «fundamento jurídico de tal decisión».

«Volvemos a asistir al lamentable espectáculo de ver cómo el CGPJ está más pendiente de las negociaciones de los partidos políticos que de proveer inmediatamente, tal y como manda la Ley, las vacantes judiciales, también las que se ocupan con nombramientos discrecionales», señala el comunicado.

Este martes estaba previsto renovar tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.

«Moneda de cambio»

Para FJI, el órgano de gobierno de los jueces está «perjudicando gravemente, no solo el interés público, que exige cubrir las plazas ahí donde quedan vacantes, para mejor prestación del servicio, sino también los legítimos intereses de los candidatos propuestos, que, utilizados como moneda de cambio para facilitar la renovación del CGPJ, llevan meses inmersos en un proceso que debería haber concluido hace otros tantos».

A ello añade que el GGPJ está poniendo de manifiesto «cómo funcionan las cosas realmente», pues está demostrando que «no se trata tanto de examinar sus méritos, pues entonces daría igual si la elección la hace uno u otro CGPJ, como de quién los nombre». «Se tienen en cuenta otras variables ajenas a sus capacidades, tales como los contactos o las afinidades ideológicas», subraya.

«Lo que se evidencia es una injerencia política en el Poder Judicial que daña la credibilidad de todo el sistema judicial y perjudica la lucha contra la corrupción», concluye el comunicado, que recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) reiteró en su último informe la advertencia de cambiar el sistema de elección del CGPJ para evitar «la intromisión de los partidos políticos» y mejorar la percepción de independencia e imparcialidad de los jueces.

Críticas de una asociación de fiscales

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comparte la crítica de FJI ya que, en su opinión, «muestra muy a las claras que tenemos que profundizar en la separación de Poderes».

Para la asociación de fiscales, el CGPJ debía proceder al nombramiento de los mejores candidatos, según los criterios de mérito y capacidad, «esté con el mandato cumplido o no», pues, según indica, «no es su responsabilidad» que no se haya renovado porque corresponde a las cámaras parlamentarias.

«Si no se hace, lo que entiende el ciudadano, es que más que
mérito y capacidad, lo que se busca para esos destinos judiciales es que los que acceden a ellos tengan sintonía política», subraya la APIF en un comunicado difundido tras conocer la postura de la asociación de jueces.