Aragonès nombra directora de la escuela de policía a la pareja del funcionario que facilitó el censo del 1-O

El Gobierno de la Generalitat que preside Pere Aragonès acaba de nombrar a Tamara García de la Calle directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Se trata de un departamento al que tanto Mossos como agentes locales conocen en Cataluña como la escuela de la policía. Y es que bajo su mando se encuentra la formación de todos los policías de esta comunidad. Y García de la Calle es nada menos que la pareja de la persona a la que se acusó y procesó por haber elaborado el necesario censo para el referéndum ilegal del 1-O.

Tamara García de la Calle ha presentado ya su CV para su nuevo cargo. Allí se destaca su paso, “desde junio de 2017 hasta la actualidad” como “jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Justicia”. Previamente “había sido la responsable del Área de la Cataluña Exterior del Departamento de asuntos, Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia”.

Pero lo que no indican esos párrafos es su relación de pareja con Daniel Gimeno Alcañiz, persona que fue incluida en la lista de procesados del Juzgado número 13 de Barcelona tras cerrar la instrucción de la macrocausa sobre la preparación del referéndum del 1-O. Allí, el juez dictó auto de procesamiento contra 32 personas, entre las que se encontraban el entonces director de TV3, Vicent Sanchis, el entonces director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, y el ex director de la delegación del Govern de Cataluña a la UE, Amadeu Altafaj. Y, en la posición 30 del listado de procesados figuraba el siguiente nombre y acusación: «Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no refrendarias. Revelación de secretos». Traducido: por ser uno de los responsables de la elaboración del censo del referéndum ilegal del 1-O.

Los informes de la Policía Judicial elaborados en el año 2018, de hecho, relataron el papel de Daniel Gimeno como director del Gabinete Técnico de Vicepresidencia de la Generalitat. Y en esos informes se revela cómo, mientras los agentes intervenían Unipost en busca del censo, Gimeno escribió varios mensajes alertando de la llegada de la Guardia Civil a las instalaciones.

La presencia de la Benemérita fue recibida por Gimeno con el siguiente mensaje de WhatsApp: «Los hijos de puta de la Guardia Civil están en Unipost! Espero que esté ya todo enviado!». El mensaje iba destinado a Eva Moreno, persona a la que la Policía identificó como vecina. Pero otros de los mensajes iba destinado a Tamara García de la Calle, funcionaria ya de la Generalitat y pareja de Gimeno. El de Tamara decía lo siguiente: “Era falsa alarma… han detenido a Jove y Pere Aragonès. Hijos de puutaa”.

Informes de la Guardia Civil

Los informes de la Guardia Civil enviados al juez insistieron en que Gimeno actuaba «a sabiendas de la ilegalidad de las leyes reguladoras y su suspensión por el Tribunal Constitucional, mostrando a la vez su abierta repulsa hacia las actuaciones que en lo referente a esto realizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Gimeno, según los investigadores, consiguió que desde el Instituto de Estadística de Cataluña enviaran el censo electoral utilizado para las últimas elecciones legales en la región. El organismo habría facilitado ese censo de manera ilegal a la Vicepresidencia de Junqueras, a través de la dirección del Gabinete Técnico que ocupaba en ese momento el propio Gimeno. Los agentes que entraron a registrar los despachos de aquella Consejería revisaron en profundidad su despacho antes de llevárselo detenido.

Ahora, su pareja, Tamara García de la Calle, es la nueva directora nombrada por Pere Aragonès para controlar la formación de todos los cuerpos de policía de Cataluña. La responsable de homologar el ánimo en la persecución del delito de todos los agentes.

El nombramiento de Pere Aragonès, para colmo, se formalizó el mismo día en el que el presidente de la Generalitat estaba reunido con Pedro Sánchez. Y el mismo en el que el presidente del Gobierno afirmaba que la Generalitat daba muestras de buscar la convivencia y renunciar al referéndum ilegal.

La instrucción judicial de la causa de Daniel Gimeno, por su parte, señaló que «la independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse, primero, mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral», y que se «reconocía, a su vez, que una eficaz declaración unilateral de independencia exigía disponer de estructuras de Estado». Así, justifica que «existió un plan común» y que cada uno de los procesados, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, «contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto ya dicho».