Adif inyectó otros 10,8 millones a la empresa vinculada a la trama PSOE alegando sobrecostes

El Administrador estatal de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha aprobó dos modificaciones presupuestarias por valor de 10,8 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participa Obras Públicas y Regadíos (OPR), la constructora señalada por la Guardia Civil como parte de la trama de corrupción del PSOE y Santos Cerdán. Esta UTE está bajo el punto de mira por varios contratos, como se detalla a continuación.

• Adjudicación irregular (2021): La UTE ganó el contrato del AVE Palencia-Aguilar de Campoo (65,5 millones) pese a tener peor puntuación técnica que su competidor, solo ganando en precio.
• Ampliaciones sospechosas: El contrato ha crecido un 16,5% con dos modificaciones (2,9M en 2023 y 5,9M en 2024), alcanzando 74,4 millones totales.
• Patrón de la trama: La Guardia Civil interceptó conversaciones donde directivos de OPR pedían adjudicaciones a Koldo García. El patrón se repite: peor nota técnica, pero ganan por precio.

La UTE resultó adjudicataria en 2021 del contrato de construcción de la plataforma del AVE Palencia-Aguilar de Campoo tras obtener inicialmente peor puntuación técnica que su competidor. Se trata de un tramo muy polémico ya que en otro punto de esa línea una juez de la Audiencia Nacional ha ordenado paralizar y derruir las obras por considerar que constituyen una «actuación constitutiva de vía de hecho, siendo la misma contraria a derecho».

El juzgado número 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de una asociación local contra Adif por estas obras. La magistrada ordena a Adif «proceder al cese de dicha actuación» y reponer «los terrenos afectados al estado en que se encontraban previamente a la iniciación de las obras».

La sentencia se fundamenta en que las obras son contrarias a los estudios informativos de 2010 y 2018 sobre la integración del ferrocarril en la ciudad. El Ayuntamiento de Palencia aspiraba a que el AVE pase por la capital con un soterramiento. Sin embargo, los vecinos se toparon con que las obras realizadas estaban junto a viviendas y sin soterrar. Aún está pendiente la resolución del recurso de segunda instancia que podría suponer la ratificación de la contundente medida contra Adif.

El contrato del tramo entre los pueblos palentinos Amusco-Osorno., adjudicado en junio de 2021 a la UTE Torrescámara-San José-OPR por 65,5 millones de euros, ha recibido dos ampliaciones. La primera, aprobada en noviembre de 2023, ascendió a 2,9 millones de euros. La segunda, formalizada en diciembre de 2024, alcanzó los 5,9 millones. En total, el contrato ha crecido un 16,5% hasta los 74,4 millones de euros.

Elegida con peor nota

Según la documentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, la UTE que incluye a OPR tuvo peor nota técnica que Vilor Infraestructuras, pero ganó en puntuación económica. Esta circunstancia replica el patrón detectado por el Tribunal Supremo en otros contratos vinculados a la empresa investigada.

La Guardia Civil interceptó conversaciones entre Koldo García y Daniel Fernández Menéndez, directivo de OPR investigado por el Supremo, que se prolongaron hasta febrero de 2024 –cuando se produjeron las detenciones–. En uno de los mensajes, Fernández le pedía que se le adjudicara unas obras de emergencia en el tramo Monforte-Lugo donde la empresa controvertida iba en UTE con ASCH.

El informe de la UCO detalla cómo Daniel Fernández medió con Áridos Anfersa para contratar a personas del entorno de Koldo que cobró 1.300 euros al mes durante nueve meses sin acudir a trabajar. «¿He recuperado mis piernas?», escribió entre risas Fernández Menéndez a Koldo tras la contratación.

Entre las adjudicaciones que la Guardia Civil señala que habría conseguido OPR por su relación con la trama se encuentra la de obras en una autovía asturiana por 7,3 millones de euros. «Parece que hemos hecho bingo en Asturias», escribió a un investigado a la entonces subdirectora general de Construcción, hoy alto cargo de la empresa pública SEITT.

Fondos europeos UE

El contrato del AVE Palencia-Aguilar de Campoo está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedentes del programa europeo Next Generation. El Ministerio de Transportes, ya bajo la dirección de Óscar Puente, ha seguido logrando contratos con dinero comunitario a empresas de la trama investigada. En total, 2,2 millones de euros han ido a parar a OPR y Levantina Ingeniería y Construcción desde que Puente tomó posesión del cargo. La Fiscalía Europea podría asumir el caso al tratarse de fondos procedentes de Bruselas.

El informe del Tribunal de Cuentas abre un nuevo capítulo a un caso que parece no tener fin. A la larga listas de contrataciones millonarias sospechosas se suma otra en Palencia que ha tenido polémica a todos los niveles. Irregularidades en las adjudicaciones con errores de planificación que, en palabras de la asociación denunciante, han convertido 74 millones de euros en un monumento al «despropósito» mientras las empresas investigadas siguen recibiendo contratos de dinero europeo.