La abogada de Podemos despedida por Montero: «Las irregularidades cuestionarían la legitimidad del partido»

«En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional», es la rotunda afirmación de la responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona, despedida por Irene Montero por investigar la contratación ilegal de su escolta destapada, en exclusiva, por OKDIARIO.

Al hilo de las informaciones publicadas por este diario «tanto el Delegado de Protección de Datos don José Manuel Calvente como yo», indica Carmona en una carta remitida este miércoles al Consejo Ciudadano de Podemos, «habíamos iniciado expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación».

«Ante estas circunstancias la respuesta de la Gerencia y la Secretaría de Organización Estatal ha sido, en primero lugar, inventar acusaciones contra el Delegado de Protección de Datos para justificar laboralmente su despido», sin darle la oportunidad de explicarse y defenderse,»lo cual ya es una muestra de que su despido es un inútil montaje».

Y, en segundo lugar, «proponer mi sustitución como Responsable de Cumplimiento Normativo, con la excusa de una ‘reorganización de departamentos’, todo ello para intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación e intentar doblegar nuestra voluntad», continúa.

Mónica Carmona Segura, oficial de cumplimiento normativo de Podemos, y una de los dos máximos responsables jurídicos del partido, reacciona tras conocer que la dirección, a instancias de Irene Montero, ha propuesto sustituirla por investigar el caso de la escolta -contratada sin cumplir los requisitos legales- destapado por OKDIARIO.

En una carta dirigida al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano del partido, Carmona afirma que «estábamos investigando graves irregularidades». Y las cita a continuación: «Irregularidades financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido».

Carmona denuncia en la carta el “acto de represalia y posibles coacciones” que se está produciendo contra ella y José Manuel Calvente, delegado de Protección de Datos también despedido, en las que se verían “envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido”.

La abogada advierte de su “obligación” de señalar “las irregularidades cometidas por los miembros del partido», sean quienes sean, y cómo éstas «podrían conllevar infracciones penales o administrativas”.

Además, advierte a los miembros del Consejo Ciudadano que si “finalmente resultara la existencia de delitos, se podría considerar que los acuerdos” adoptados por el Consejo de Coordinación, liderado por Montero, obedecen a un “intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”.

La inevitable “judicialización de los hechos”, indica en su carta, conllevará “graves consecuencias” para Podemos porque “saldrán irremediablemente a la luz” cuestiones “tremendamente comprometedoras para algunos cargos internos y responsables” del partido.