España
Juicio del 'procés'

La Abogacía del Estado pide a Llarena que cancele las órdenes de detención sobre Puigdemont y Comín

Los letrados públicos, al igual que sucedió con Junqueras, solicitan al magistrado instructor que inste al Parlamento Europeo la suspensión inmediata de la inmunidad de ambos separatistas catalanes.

La Abogacía se pliega al separatismo: pide que Junqueras pueda ejercer de eurodiputado

La Abogacía del Estado insiste en los ‘gestos’ con el separatismo catalán. En un escrito presentado este viernes ante el Tribunal Supremo, los letrados públicos solicitan al magistrado instructor del juicio del ‘procés’, Pablo Llarena, que cancele la tramitación de las Euroórdenes vigentes contra los separatistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, prófugos de la Justicia española, mientras el Parlamento Europeo no anule su inmunidad como diputados.

En respuesta a Llarena, la Abogacía del Estado considera que la situación del expresidente de la Generalitat y de su exconsejero ha cambiado tras conocerse la resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) donde se reconocía la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario.

En consecuencia, y «conforme a la doctrina prevista en la Sentencia del TJUE (91, 92, 94 y apartado segundo del fallo) y a la jurisprudencia de los Tribunales Europeos» la Abogacía del Estado entiende que es necesario comunicar «al Tribunal belga la suspensión de la tramitación de la orden europea de detención» que afecta a ambos políticos separatistas catalanes, «en tanto no recaiga resolución del Parlamento Europeo sobre el levantamiento» de su inmunidad.

En paralelo, y como ya sucedió en el caso del propio Oriol Junqueras, la Abogacía del Estado «estima que habrá de solicitarse a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda o levante las inmunidades reconocidas en el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión a favor» de Puigdemont y Comín.

Esto es, la Abogacía reconoce que la competencia para anular los privilegios políticos de ambos corresponde a la cámara parlamentaria europea y que ésta debe aplicar dicha suspensión de forma inmediata.

En todo caso, «y al amparo del principio de cooperación leal con el Parlamento Europeo, junto con la petición de levantamiento o suspensión de las inmunidades previstas» deberá también trasladarse al Parlamento Europeo, «además de la ejecutoria, la traducción al francés y al inglés de la sentencia de 14 de octubre de 2019», añade la letrada Rosa María Seoane en su escrito. Con esta observación, la Abogacía del Estado trata de informar a las instituciones europeas sobre la «inexistencia» de cualquier tipo de «motivación política en el enjuiciamiento» de Puigdemont y Comín.

El contenido del texto se hace público un día después de que Bélgica comunicase que esperaría al pronunciamiento de la Eurocámara para tomar una decisión sobre la orden europea de detención que pesaba sobre Puigdemont tras la suspensión.

La Fiscalía de Bruselas confirmaba este mismo viernes que el procedimiento previsto para la ejecución de las órdenes de detención y entrega dictadas por el Supremo contra los prófugos Puigdemont y Comín, quedaba en suspenso hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre si levanta la inmunidad de ambos a petición del Alto Tribunal español.